Coloca a las puertas de Moncloa siluetas con los nombres de varios fallecidos y desaparecidos el pasado 24 de junio en frontera con Melilla
MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional ha reclamado a los Gobiernos de España y Marruecos que acaben con "la política de impunidad y excepcionalidad" en las fronteras de Ceuta y Melilla, con motivo de la Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos que se celebra desde este miércoles.
En concreto, la ONG exige a ambos países "un compromiso claro" para investigar lo ocurrido en el puesto fronterizo de Barrio Chino, en Melilla, el pasado 24 junio. Por este motivo, ha realizado una acción a las puertas del Palacio de La Moncloa, donde ha instalado varias siluetas con los nombres de varios fallecidos y desaparecidos el pasado 24 de junio en frontera con Melilla.
Con esta acción, AI pide a España y Marruecos investigar lo ocurrido al tiempo que reclama que acabe la política de "excepcionalidad" fronteriza que, a su juicio, existe en Ceuta y Melilla y que alienta los abusos contra los derechos humanos con el fin de conseguir que una tragedia como la ocurrida en la frontera no se repita.
Para la organización, las políticas de externalización del control migratorio están demostrando tener "consecuencias letales" y denuncia que los migrantes están sufriendo violencia letal, tortura y otros malos tratos, abusos, devoluciones, traslados forzosos y desapariciones forzadas, entre otras violaciones de derechos humanos.
"Exigimos que esta cumbre signifique el principio del fin de la impunidad y el oscurantismo sobre las actuaciones gubernamentales que contribuyeron a que más de 100 personas fallecieran o desaparecieran en apenas unas horas el 24 de junio del año 2022", ha reclamado en el acto el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán.
"Las delegaciones de ambos países deben comprometerse a acabar con la política de excepcionalidad de las fronteras en Ceuta y Melilla como espacios sin derechos e impunidad, frenar los malos tratos a las personas migrantes, que se garantice la posibilidad de pedir asilo a las personas de origen subsahariano y que se termine de una vez con las expulsiones colectivas", ha apostillado.
A juicio de AI, más de seis meses después de este suceso, las autoridades españolas y marroquíes han llevado a cabo "una política de encubrimiento, sin que se haya iniciado ninguna investigación adecuada sobre las denuncias de crímenes de derecho internacional y otras graves vulneraciones de derechos humanos que se cometieron a ambos lados de la frontera".
FAMILIARES TRATADOS "CON TOTAL DESINTERÉS"
Considera que tampoco se ha tratado a sus familiares con un mínimo de humanidad, ya que no han recibido ningún tipo de información durante este periodo, y solo han encontrado "obstáculos y un total desinterés", tanto por parte de las autoridades españolas como de las marroquíes, añade la ONG.
En ese sentido, Amnistía Internacional ve "sorprendente" el archivo de la causa decidido por la Fiscalía española. Si bien reconoce la necesitad de garantizar la protección internacional a las personas en la frontera sur y la ausencia de vías legales, seguras y efectivas para solicitar asilo, lamenta que no se investigue la muerte en territorio español de al menos 23 personas (reconocidas por el propio Gobierno marroquí) y las denuncias sobre uso excesivo de la fuerza y la omisión de socorro.
"Parece una broma macraba que, ante estos hechos tan graves, la única recomendación de la Fiscalía General del Estado sea que el Ministerio de Interior abra una investigación interna sobre el lanzamiento de piedras por parte de algunos agentes de la Guardia Civil", ha lamentado Beltrán.
Además, la organización considera que la policía española infringió el derecho internacional de asilo al devolver a Marruecos a, al menos, 470 personas que considera en su mayoría merecedoras de asilo. En este sentido, afirma que, posteriormente a su devolución, cientos de personas (incluidos menores de edad) fueron detenidas y trasladadas por las autoridades marroquíes, según diferentes testimonios, a lugares situados a cientos de kilómetros y abandonados a su suerte en carreteras fuera de las ciudades.
Por todo ello, creen necesario una investigación internacional a cargo de Naciones Unidas. Además, recuerdan que la semana pasada enviaron una carta al presidente del Gobierno español con peticiones acerca de lo sucedido en Melilla, además de pedir transparencia y rendición de cuentas sobre los acuerdos España-Marruecos en materia migratoria, el fin de las de la expulsiones sumarias en el marco de la próxima reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y denunciar la situación de varios activistas de Derechos Humanos.
