MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
Siete entidades sociales han presentado un escrito al Ministerio Fiscal en el que exigen una investigación para determinar si varios videos elaborados y difundidos durante la campaña electoral del 10N por Vox en sus redes oficiales pudieran incurrir en un delito de odio.
Para las entidades firmantes del escrito, en estos vídeos se difunden mensajes "claramente xenófobos y discriminatorios que promueven el odio hacia la población migrante, poniéndola en situación de grave peligro".
Concretamente, las ONG señalan que en uno de ellos se criminaliza a un colectivo especialmente vulnerable, como son los menores extranjeros no acompañados (MENA). En dicho vídeo, se emiten imágenes y testimonios de personas que han sido supuestamente agredidas por estos menores "generalizando estas conductas violentas como algo intrínseco a la infancia migrante no acompañada", según han denunciado.
Las entidades sociales han advertido de que "esta generalización puede conllevar consecuencias fatales para la integridad física y psíquica" de estos niños y niñas, y también puede "dificultar su inclusión en la sociedad a través del acceso a un trabajo o a una vivienda". Para las ONG, estos discursos provocan "un miedo sin fundamento en la población poniendo en peligro la convivencia entre vecinos y vecinas".
A su juicio, este tipo de videos que criminalizan a población migrante "fomentan situaciones idóneas para generar un peligro cierto e inminente a este colectivo y puede llegar a incurrir en un delito de odio tipificado en el artículo 510 del Código Penal".
Por ello, las entidades firmantes han instado tanto al Defensor del Pueblo como a Fiscalía General del Estado a que admitan el escrito presentado y que inicien "de forma urgente" la investigación de estos "graves" hechos. Asimismo, han solicitado a la Fiscalía que adopte medidas cautelares de retirada de los materiales audiovisuales no sólo para el total esclarecimiento de los hechos, sino también de para proteger a las víctimas.
Ante la convocatoria electoral del 10N, estas entidades han reclamado a todos los partidos políticos participantes en estos comicios a que no utilicen a las personas refugiadas, migrantes y racializadas con fines electoralistas.
