SEVILLA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
Las organizaciones ecologistas y de conservación de la naturaleza Amigos de la Tierra, Greenpeace España, SEO/BirdLife, WWF/Adena, Ecologistas en Acción Andalucía y Adecuna de Aznalcóllar exigieron hoy a la nueva consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, que anule la autorización dada a la empresa minera Cobre Las Cruces (CLC) para verter de manera continua al Estuario del Guadalquivir 900 millones de litros anuales de "aguas contaminadas con arsénico, mercurio, cadmio, cobre, plomo y zinc".
En un comunicado, las organización también demandaron a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que cumpla con su cometido de garantizar la integridad del acuífero Niebla-Posadas frente a los riesgos de la mina.
Los grupos ecologistas, ahora que se cumplen diez años del vertido tóxico de las minas de Boliden en Aznalcóllar, hacen esta petición a la Junta y a la CHG para que demuestren que "realmente han aprendido la lección de la catástrofe anunciada de 1998", en materia de prevención de contaminación de ríos y acuíferos y para evitar riesgos contra la salud de las personas.
Según explicaron los ecologistas, el vertido autorizado por la Junta procede de las aguas residuales industriales de la Planta Hidrometalúrgica situada dentro del recinto minero. "El punto de vertido en La Algaba, apenas tres kilómetros aguas arriba de la ciudad de Sevilla, está situado en el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Bajo Guadalquivir, espacio protegido de la Red Natura 2000 cuyas aguas finalmente se introducen en las marismas de Doñana", apunta la nota.
Durante su recorrido hasta el mar, el vertido tóxico "afectará a la seguridad alimentaria de cientos de hectáreas de cultivos de cítricos y arroz y a una rica zona de reserva pesquera que garantiza la acuicultura y la biodiversidad marina en la desembocadura de Sanlúcar de Barrameda".
Por todo ello, los ecologistas consideran una "irresponsabilidad ambiental" y un "riesgo innecesario" para la salud de las personas, permitir que CLC pueda disponer de una tubería directa al Guadalquivir para verter aguas contaminadas de por vida. "Incluso una vez clausurada la mina, tras su permiso inicial de 15 años, podría seguir funcionando la planta industrial con materia prima de otras minas, y por tanto, podría seguir funcionando el vertido tóxico", añade la nota.
Los ecologistas consideran que la Junta tiene la obligación de aplicar contundentemente la Ley 16/2002 de control y prevención de la contaminación, exigiendo a Las Cruces que apliquen todas las mejores técnicas disponibles que permitan depurar y reutilizar el 100 por cien de sus aguas residuales industriales hasta conseguir la situación real de "vertido cero".
Por último, las organizaciones creen que son "demasiados" los lugares comunes y las similitudes entre la catástrofe de las minas de Aznalcóllar de 1998 y la situación actual de la mina de Las Cruces en 2008, "lo que, por negligencia o dejación de las funciones en materia de prevención y control de contaminación, puede llevar a que ocurra una catástrofe similar en pleno siglo XXI".
