Dependencia.- El Gobierno asegura que ya hay 400.000 dependientes que se benefician de la ley

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Política Social, Ampara Valcarce, aseguró hoy que 397.414 ciudadanos ya se benefician de algún tipo de prestación económica o servicio de la Ley de Dependencia, según los datos facilitados por las comunidades autónomas a fecha de 2 de noviembre de 2008.

Durante su comparecencia en la Comisión sobre Discapacidad del Congreso, Valcarce indicó que 640.000 personas dependientes han solicitado acceder a los servicios de la ley, de las 515.000 ya han sido valoradas.

Además, destacó que la norma, aprobada en enero de 2007, ha propiciado una subvención económica a 90.000 cuidadores familiares, de los 37.000 están dados de alta en la Seguridad Social. La ley también ha generado, agregó, 89.000 nuevos puestos de trabajo, ya sea en residencias, en centros de día o en domicilios particulares de personas dependientes.

"Aunque es una tarea difícil", dijo, el Gobierno está "desarrollando plenamente el sistema de dependencia, que se está aplicando en todas las comunidades".

INCLUSIÓN DE DISCAPACITADOS

Por otra parte, Valcarce anunció que su departamento está "ultimando" el III Plan de Acción para las personas con discapacidad, que busca promover la participación, la igualdad de oportunidades, la autonomía personal y la accesibilidad universal.

Esta iniciativa, estructurada en siete áreas, incluirá medidas para tratar la discapacidad "desde un enfoque de género" y tratará de "potenciar la presencia de las mujeres discapacitadas en los centros de poder". Otros objetivos son la formación y el aumento del empleo de los discapacitados, así como prevenir que sufran abusos y comportamientos violentos.

La secretaria de Estado indicó que en estos momentos el plan se está negociando con la mesa de diálogo social y con los representantes de los discapacitados, y anunció que su puesta en marcha es "inminente".

ESTRATEGIA GLOBAL DE EMPLEO

En materia laboral, destacó que la Estrategia Global de Acción para el Empleo de Personas con Discapacidad 2008-2012 pretende aumentar la inserción laboral de las personas con discapacidad, mejorar la calidad del empleo y dignificar las condiciones de trabajo.

Con un presupuesto total de 3.700 millones de euros, este plan trata de fomentar la educación de este colectivo, incentivar que las empresas les contraten y mejorar la coordinación de las públicas de empleo desarrolladas por las distintas administraciones. "Queremos remover las barreras físicas y socioculturales que impiden el acceso y la permanencia en el mercado laboral", afirmó.

También se está trabajando, dijo, en la creación del Centro de Normalización Lingüística de las Lenguas de Signos, que defenderá y difundirá el buen uso de dichas lenguas, así como en la creación del Observatorio Estatal de la Discapacidad, que tendrá su sede en Olivenza (Badajoz).

CENTRO DE SUBTITULADO

La secretaria de Estado destacó, asimismo, el papel del Centro Español de Subtitulado y la Audiodescripción (Cesya) como "referente en la accesibilidad audiovisual" que, entre otras cosas, consiguió que por primer vez los debates en televisión de los candidatos a las elecciones generales hayan sido accesibles para las personas con discapacidad sensorial.

Valcarce reconoció la labor del Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad (Centac), que impulsa la adaptación y el diseño para todos de las nuevas tecnologías a las personas con discapacidad.

Por su parte, la portavoz del PP, Inmaculadas Bañuls, calificó de "escuálidos" los recursos del Gobierno dedicados a discapacidad, y pidió a Valcarce que especifique qué tareas y qué tiempo requieren los 89.000 nuevos puestos de trabajo generados por la Ley de Dependencia.

La diputada 'popular' solicitó al Ejecutivo socialista "el cumplimiento real y efectivo" de la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad, y reclamó al Defensor del Pueblo mayores esfuerzos a la "defensa activa de la discapacidad". Por último, la secretaria de Estado recibió criticas de CiU, PNV y UPyD sobre por la falta de financiación y de aplicación de la Ley de Dependencia.