MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay, aseguró hoy que confía en que se producirá un "alud" de objeciones de conciencia tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que reconoce el derecho de los padres de un alumno de Huelva a ejercer la objeción frente a la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC).
Ante las próximas resoluciones judiciales de otros tribunales superiores, el presidente de Profesionales por la Ética pidió que "el Gobierno negocie", ya que "no tiene ningún sentido que puedan aparecer sentencias contradictorias" que crearían, según señaló, "agravios y desigualdades" entre los alumnos. Asimismo, afirmó que la reciente sentencia del TSJA llevará "a que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se apoyen en ella para defender la objeción de conciencia, mientras que las gobernadas por el PSOE persigan la objeción".
"Lo lógico es que se imponga el diálogo", dijo, y acusó de "intransigente" al Gobierno español, al que pidió "reconducir la asignatura".
Acerca del anuncio del gobierno andaluz de que recurrirá la sentencia, Urcelay aseguró tener "fe" en lo que dicte el Tribunal Supremo, ya que "esto es muy claro desde el punto de vista constitucional", y criticó que "desde la Consejería de Educación se ha amenazado a los padres con que los niños iban a suspender".
El portavoz de la asociación calificó de "muy significativo que la sentencia se pronuncie sobre los contenidos mínimos de la asignatura", emitidos por el Ministerio de Educación y en el que se apoyan los desarrollos normativos de las comunidades autónomas, ya que "afirma que tienen un contenido moral y puede objetarse por tanto de ella", por lo que confió en que "otras sentencias de otros tribunales superiores acepten asimismo la objeción", ya que no depende del reglamento de cada comunidad autónoma.
El presidente de Profesionales por la Ética se refirió asimismo a la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que no apoyó la objeción de conciencia, y criticó que "esa sentencia reconocía el derecho a la objeción, pero no se pronunciaba sobre objetar a EpC hasta no conocer el detalle de lo que se enseña en la asignatura". Para Urcelay, "los contenidos mínimos de la asignatura del Ministerio de Educación ya conculcan el derecho de los padres a decidir la formación moral de sus hijos", por lo que se mostró contrario a esa sentencia.
Jaime Urcelay señaló que el Tribunal Superior de Andalucía "se pronunciará" en poco tiempo sobre "el desarrollo que la Comunidad Autónoma de Andalucía ha hecho de la asignatura", y confió en que "anule" esos reglamentos.
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