MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
El PSOE ha registrado esta mañana en el Congreso una iniciativa en relación con el informe del Defensor del Pueblo donde se denunciaban vejaciones y malos tratos en los centros de menores, que como principal medida propone la redacción de "un catálogo de buenas prácticas" que sirva al intercambio de experiencias y formación especializada y continuada de los educadores.
A su juicio, los graves hechos denunciados en el informe del Defensor del Pueblo "han generado preocupación en la opinión pública, han supuesto una llamada a la responsabilidad de las administraciones públicas y han evidenciado una situación que es preciso abordar de inmediato" para garantizar los derechos de estos menores recogidos en la Convención de los Derechos del Niño.
Según el PSOE, se ha puesto de manifiesto "la necesidad de abordar desde el ámbito educativo, sanitario y social" la realidad de los menores con problemas, dificultades o trastornos de conducta fruto de la inadaptación social y familiar, de problemas de salud mental u otras circunstancias, y poner a su disposición los recursos "que permitan su rehabilitación dentro del más estricto respeto a sus derechos".
Tras subrayar que el régimen de funcionamiento de estos centros corresponde a las comunidades autónomas, el Grupo Socialista apuesta por promover "la elaboración de un catálogo de buenas prácticas que sirva al intercambio de experiencias y formación especializada y continuada de los educadores" y también que se cuente "con unos criterios mínimos de actuación en determinadas situaciones excepcionales que, respetando escrupulosamente los derechos de los menores, facilite una intervención adecuada y garantista".
La proposición no de ley también contempla otras medidas, como la participación del Observatorio de la Infancia, en el que están representadas todas las organizaciones de protección a la infancia, participe en el debate sobre la problemática de los centros de menores, y la promoción de un mayor grado de implicación de los servicios de salud autonómicos respecto a los problemas que puedan plantearse en los centros de menores. Además, "debería promoverse la participación de la Fiscalía de menores".
