LONDRES, 23 May. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) denunció este lunes que las autoridades jamaicanas no han procesado a "ningún" responsable de las graves violaciones de Derechos Humanos, incluida la muerte violenta de 74 personas, ocurridas hace justamente un año durante una operación policial y militar en Kingston para detener un traficante de armas y drogas.
El 24 de mayo de 2010, la Policía y el Ejército de Jamaica lanzaron una operación en la comunidad de Tivoli Gardens, en el oeste de Kingston, con el objetivo de capturar a Christopher Coke, quien fue detenido un mes más tarde y deportado a Estados Unidos para responder por cargos de tráfico de drogas y armas.
Durante los días que duró la operación murieron al menos 74 personas, incluido un militar, y resultaron heridas al menos 54, entre ellos 28 miembros de las fuerzas de seguridad. En los dos meses posteriores, en que el barrio estuvo bajo el estado de emergencia, fueron detenidas más de 4.000 personas --niños incluidos--, la mayoría de ellas sin cargos. Se desconoce el paradero de al menos dos de estos detenidos.
Pese a algunos pasos positivos, según AI, las autoridades "no han sido capaces de procesar a ninguna persona por los homicidios cometidos durante la operación". "Se debe establecer una comisión de investigación a fin de garantizar que todas las violaciones de Derechos Humanos cometidas el año pasado en Tivoli no permanecerán impunes, como ha ocurrido con muchos otros casos en Jamaica", declaró una experta para Jamaica de Amnistía Internacional, Chiara Liguori.
LAS INVESTIGACIONES
Las investigaciones iniciadas por las autoridades sobre los homicidios de Tivoli, según AI, "no han establecido hechos ni responsabilidades". "De acuerdo con las informaciones reunidas por los expertos legales de Amnistía Internacional, las investigaciones han adolecido desde el principio de deficiencias que han afectado negativamente a los resultados", añadió la organización.
Entre estas deficiencias, precisó, destacan la falta de medidas de protección para los testigos y la incapacidad de las autoridades para apartar del servicio las armas utilizadas durante los enfrentamientos a fin de someterlas a un estudio balístico. Asimismo, AI ha documentado la falta generalizada de recursos para las investigaciones. En particular, precisó, la Unidad de Medicina Legal del Ministerio de Seguridad Nacional solo cuenta con dos expertos forenses.
"La inexistencia de investigaciones efectivas sobre crímenes contra los Derechos Humanos no es nueva en Jamaica", denunció Chiara Liguori. "La realidad es que, desde hace mucho tiempo, las comunidades del centro de la ciudad están atrapadas entre las bandas del narcotráfico y un Estado que las ignora", concluyó.
