PARÍS, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
Human Rights Watch (HRW) ha acusado a las fuerzas de seguridad de Costa de Marfil de "propagar las violaciones de Derechos Humanos" en los operativos que han llevado a cabo en los últimos meses para contener la oleada de ataques contra objetivos gubernamentales supuestamente llevados a cabo por simpatizantes del ex presidente Laurent Gbagbo.
En un informe de 73 páginas, la ONG estadounidense denuncia que entre agosto y octubre de 2012 las fuerzas de seguridad de Costa de Marfil han llevado a cabo una serie de operaciones en las que han cometido violaciones de los Derechos Humanos, como torturas, extorsiones y detenciones ilegales.
Según varios testimonios, desde el pasado mes de agosto las fuerzas de seguridad han detenido a cientos de simpatizantes de Gbagbo, sobre todo en el barrio de Yopougon, en Abiyán, la principal ciudad de Costa de Marfil. "Sin órdenes de detención, los soldados llegan en camiones y obligan a subir a decenas de jóvenes basándose en su etnia o en su lugar de residencia", ha denunciado HRW.
Después, los arrestados son trasladados a campamentos militares, que, de acuerdo con la legislación marfileña, no son centros de detención civiles. La ONG estadounidense ha confirmado la existencia de hasta tres campamentos de estas características: el de Adjamé, el de Dabou y el de las Brigadas Antidisturbios (BAE).
HRW ha documentado cinco casos de torturas en Adjamé. Las víctimas han asegurado que los militares las sometieron a distintos sufrimientos físicos, como palizas y latigazos, durante los interrogatorios, con los que pretendían arrancarlas una confesión sobre su participación en los ataques, los nombres de otros responsables o el lugar dónde supuestamente esconden las armas.
Las víctimas también han denunciado maltrato psicológico, ya que, según su versión, estaban hacinadas, la mayoría de las veces, en celdas cubiertas de excrementos humanos, y se les negaba el alimento y la bebida sistemáticamente.
La organización humanitaria también ha documentado casos de "trato degradante" en los campamentos de Dabou y BAE. "Estuve allí una semana y me interrogaron desde el primero hasta el último de los días. '¿Dónde están las armas?', me preguntaban. 'No he tenido un arma en mi vida', les decía y ellos me daban con el cinturón en la cara", ha dicho uno de los detenidos.
Además, parece que los militares han aprovechado la brecha de seguridad para lucrarse, ya que no solo se han apoderado de dinero y bienes durante las redadas, sino que también han exigido un pago a los detenidos a cambio de su liberación, de hasta 150.000 francos marfileños (228 euros).
OLA DE VIOLENCIA
Las operaciones son una respuesta a los numerosos ataques que se han producido en estos meses contra el personal y las instalaciones de seguridad del país, que se han cobrado la vida de al menos 50 personas, incluidos civiles, y que han permitido a los responsables de los mismos hacerse con un gran arsenal de armas.
El Gobierno de Alassane Ouattara atribuye la ola de ataques a ex colaboradores y simpatizantes de Gbagbo, que estarían intentando devolver al poder al ex presidente, que fue obligado a abandonar el cargo tras los cinco meses de enfrentamientos que siguieron a las elecciones de noviembre de 2010, por su negativa a entregar la vara de mando a Ouattara, que se proclamó vencedor.
"La amenaza a la seguridad de Costa de Marfil es real y las autoridades tienen el derecho y el deber de responder en consonancia con la legislación nacional e internacional, lo que incluye detener a los sospechosos", ha dicho la investigadora de HRW para África Occidental, Corinne Dufka, al tiempo que ha advertido de que "la propagación de las violaciones de Derechos Humanos no contribuirá a contener la amenaza a la seguridad, sino que la alentará".
En consecuencia, la ONG estadounidense ha instado al Gobierno de Ouattara a "actuar rápidamente y mostrar determinación para llevar a los militares responsables de las violaciones de los Derechos Humanos ante la justicia marfileña".
HRW ha apuntado que entre ellos se encuentran los responsables de los crímenes cometidos durante la crisis post electoral. En concreto, ha señalado al comandante de los campamentos de Dabou y BAE, Ousmane Coulibaly, conocido como 'Bin Laden', bajo cuyas órdenes se cometieron decenas ejecuciones extrajudiciales y torturas en el último mes del conflicto armado.
"Los comandantes militares que han permitido los abusos no deberían seguir siendo intocables porque de lo contrario Costa de Marfil seguirá estando plagada de las graves violaciones de los Derechos Humanos que han marcado la última década", ha dicho Dufka.
La organización humanitaria ha trasladado toda esta información al Gobierno de Ouattara, que se ha comprometido a llevar a cabo una investigación imparcial sobre dichos abusos. "Es un paso importante hacia la reconciliación nacional", ha valorado HRW.
