MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -
Human Rights Watch (HRW) ha instado a la fiscalía egipcia a cerrar las investigaciones abiertas contra más de una treintena de ONG sospechosas de cargos de "traición" por recibir financiación extranjera y no proporcionar la información oportuna al Ministerio de Solidaridad Social.
El Gobierno egipcio confirmó el pasado 14 de septiembre que el Ministerio de Justicia había realizado una lista en la que estaban incluidas más de 30 organizaciones que incumplirían la Ley de Asociaciones. La administración provisional, que ostenta el poder hasta la celebración de elecciones, remitió estas averiguaciones a la fiscalía.
En la lista del Gobierno, publicada el 22 de septiembre por el periódico 'Al Fagr', aparecen 39 organizaciones y entre ellas figuran algunas de las más reputadas.
El vicedirector de HRW para Oriente Próximo y el norte de África, Joe Stork, ha lamentado en un comunicado que este tipo de pesquisas representan una "señal alarmante" en cuanto a los "compromisos" del Gobierno provisional con los Derechos Humanos. "Las autoridades egipcias han comenzado una investigación criminal con los mismos métodos que Hosni Mubarak utilizaba para coartar la sociedad civil", ha advertido Stork.
HRW recuerda en su nota que la Ley de Asociaciones contempla penas de prisión para quienes la incumplan. Para Stork, "Egipto debería reformar" dicha normativa de cara a "proteger la independencia y libertad de la sociedad civil en lugar de apretar aún más los tornillos".
La Ley de Asociaciones de 2002 otorga al Ministerio de Solidaridad Social el derecho de bloquear la financiación de organizaciones por diversos motivos, incluido si considera que el propósito de esta financiación no concuerda con sus estatutos. La medida, según HRW, ha abierto la puerta a bloqueos arbitrarios de determinados proyectos y ONG que trabajan para hacer frente a violaciones de los Derechos Humanos como la tortura.
"El hecho de que las organizaciones señaladas hayan sido críticas con el Ejército por (casos de) tortura y los juicios militares hace que esta investigación sea especialmente sospechosa", ha declarado Stork, quien ha añadido que parte de estas ONG también jugarán un "papel clave" en los próximos comicios. Por este motivo, "cualquier interferencia en su libertad de actuación tendrá un impacto negativo en el contexto preelectoral".
HRW ha exhortado a las autoridades egipcias a comenzar "inmediatamente" un proceso para reformar la Ley de Asociaciones y que ésta restrinja la injerencia gubernamental en la actividad de las organizaciones, al tiempo que pide que sea capaz de combinar la necesidad de "transparencia" con la "independencia financiera".
Stork ha subrayado que "un Gobierno no tiene derecho a prohibir la financiación de grupos de la sociedad civil". El "permiso previo" para recibir asistencia económica supone, a su juicio, una medida "innecesaria" porque existen otras formas de regulación.
SUCESIÓN DE ADVERTENCIAS
La fiscalía de seguridad anunció el 7 de agosto una "amplia investigación" sobre organizaciones que habrían recibido "ilegalmente" financiación de "fuentes extranjeras", aunque no dio detalles ni nombres. Serían responsables, prosiguió, de delitos de "gran traición, conspiración contra Egipto y desarrollo de agendas extranjeras para perjudicar la seguridad nacional egipcia".
Esta rama dentro de la fiscalía investiga casos relativos a supuestos grupos armados y al crimen organizado internacional. Remite sus averiguaciones al Tribunal de Emergencia de Seguridad del Estado, creado en base a la controvertida Ley de Emergencia egipcia y que opera al margen del sistema jurídico, de tal forma que no existe derecho a recurrir sus sentencias.
La polémica vincula también al actual Gobierno, bajo control del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, con el régimen del depuesto Mubarak. El 12 de julio, la ministra de Cooperación Internacional, Faiza Abul Naga, que también ocupó cargos de responsabilidad durante el antiguo régimen, anunció que había pedido al Ministerio de Justicia la creación de una comisión para investigar las actividades de ONG extranjeras.
El ministro de Solidaridas Social, Gouda Abdel Jalek, confirmó esa misma semana la creación de un comité para "revisar las instituciones civiles y ONG y estudiar mayores controles legales sobre la financiación extranjera". HRW critica que la Ley de Asociaciones ya provee al Gobierno de un control excesivo sobre estos grupos, que tienen que solicitar ante las autoridades permiso para cualquier concesión.
El Ejecutivo egipcio rechazó durante un encuentro del 27 de julio "toda forma de intervención extranjera en asuntos internos" y mencionó de forma expresa la cuestión a "organizaciones internacionales y grupos de la sociedad civil".
Un grupo de unas 40 ONG egipcias remitieron el 22 de agosto una queja formal sobre estas investigaciones a los relatores especiales de la ONU sobre libertad de reunión y asociación, libertad de expresión y situación de los defensores de los Derechos Humanos.
