En un contexto global caracterizado por la creciente preocupación por el cambio climático, nos enfrentamos a la ineludible necesidad de implementar regulaciones significativas para contrarrestar sus graves impactos. Es así como la Unión Europea ha dado un paso audaz al presentar el innovador Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS2, por sus siglas en inglés), un plan ambicioso que pretende lograr un mundo más verde y descarbonizado en aquellas áreas que no fueron contempladas por el ETS1.
Así, el ETS2 emerge como una nueva palanca tractora en la transformación del sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea y representa un hito relevante en la transición hacia una economía más sostenible al regular las emisiones de gases de efecto invernadero entre los países miembros. Se trataría de una evolución del ETS original, ampliando su alcance hacia sectores previamente no considerados con el propósito de proponer objetivos más ambiciosos, especialmente la edificación y el transporte.
Pese a que estas regulaciones persiguen objetivos ineludibles, es importante reflexionar detenidamente sobre el impacto que estas medidas podrían tener entre los colectivos más vulnerables. Surge, por tanto, la apremiante necesidad de alinear y complementar estratégicamente estos planes con medidas específicas para proteger a aquella población más susceptible para que nadie quede excluido.
En este sentido, existen varias herramientas que desempeñarán un papel clave en este proceso como por ejemplo el Fondo Social para el Clima que permitirá prestar ayuda financiera a las personas y empresas más afectadas por la introducción de un nuevo régimen de comercio de derechos de emisión aplicable a los edificios, el transporte por carretera y los combustibles en otros sectores adicionales que está financiado con 65.000 millones de euros del presupuesto de la UE, más un 25% de cofinanciación por parte de los Estados miembros.
Otro de estos instrumentos es la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD), la cual contempla empoderar y proteger a las personas afectadas por la pobreza energética, los clientes vulnerables, las personas en hogares de renta baja y, cuando proceda, las personas que habitan en viviendas sociales para así asegurar la transición hacia un futuro más sostenible e inclusivo.
Y es que no debemos perder de vista que los planes sociales para lograr la neutralidad climática en 2050 deben contemplar tanto los criterios medioambientales sin despreocuparse de los sociales. De este modo, los planes que deben presentar los Estados miembros tienen que abordar cómo hacer efectiva la rehabilitación energética de edificaciones o impulsar las bajas emisiones en la movilidad entre otros desafíos, teniendo en cuenta a los colectivos en riesgo y/o situación de vulnerabilidad.
En el caso concreto de la normativa EPBD, resultará prioritario la implementación de los Estándares Mínimos de Eficiencia Energética (MEPS) que suponen obligaciones formales en un plazo determinado de renovar el parque edificado empezando por los edificios públicos y siguiendo por las viviendas y edificios más ineficientes, lo que supondrá tener que abordar finalmente la cuestión de la financiación de esas reformas en entornos vulnerables. Este nuevo y ambicioso reto, requiere de nuevos mecanismos y esquemas de financiación para asegurar la neutralidad de costes en las renovaciones dirigidas a las familias vulnerables.
En este entorno, me gustaría señalar el papel protagonista que puede desempeñar la financiación verde. Por ejemplo, como la generalización de "cláusulas verdes" que distribuyan la carga entre propietario e inquilino, la implementación de topes temporales en los alquileres, la inclusión de cláusulas de estabilización en las hipotecas ajustadas según los ahorros energéticos medidos o la oferta de productos financieros que posibiliten una estabilización basada en la renta familiar disponible a lo largo del período de repago entre otras opciones. Estas estrategias contribuirían a mantener la igualdad en el acceso a viviendas eficientes desde el punto de vista energético, al mismo tiempo que evitan impactos adversos en la carga financiera para los residentes de bajos ingresos.
Y es que en la búsqueda de una transición justa es esencial no solo asignar recursos adecuados a hogares con ingresos bajos y medios - porque no podemos olvidar que durante el periodo 2015-2021, la población en España que no pudo mantener adecuadamente caliente su hogar pasó del 10,6% al 14,2%, lo que significa un aumento de 3,6 puntos según la Encuesta Europea sobre Ingresos y Condiciones de Vida (EU-SILC)- sino también diversificar las fuentes de financiación.
Este enfoque demanda una estrategia de coordinación e inteligente integración de subvenciones a fondo perdido, préstamos sin intereses, microahorros, créditos fiscales transferibles, monetización de ahorros energéticos, derechos de emisión y otras soluciones financieras innovadoras. Estas opciones, en las que el Green Finance Institute viene trabajando buscan cubrir los costes de rehabilitaciones sin imponer cargas financieras adicionales, resultando inasumibles para inquilinos o propietarios de viviendas con bajos ingresos. Entre estas estrategias se incluyen estructuras de financiación mixta (blended finance), bonos climáticos locales, fondos climáticos a nivel de grandes áreas metropolitanas o productos de financiación bancaria innovadores, entre otros. Además, desde el GFI se propone activar el potencial de las normas urbanísticas mediante medidas de redensificación, reedificación y recrecimiento, consolidando así un enfoque integral y avanzado para afrontar los desafíos de la eficiencia energética y la inclusión social.
A medida que el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo se adentran en las etapas finales de las negociaciones, se hace imperativo fortalecer las medidas protectoras en el innovador Régimen de Comercio de Derechos de Emisión y la EPBD. Ignorar este punto podría minar el componente social crucial de la transición ecológica frustrando nuestros esfuerzos por alcanzar las necesarias tasas de rehabilitación energética.
Al expandir el ámbito de la vivienda asequible y de base comunitaria, los líderes políticos tienen la oportunidad de abogar por los principios de equidad e inclusión, garantizando que la vivienda eficiente y sostenible esté al alcance de todos los estratos sociales. Es, sin duda, el momento propicio para que la Unión Europea apueste de manera decidida por medidas y estructuras público-privadas de carácter verde e inclusivo, trazando así un camino hacia un futuro genuinamente sostenible y equitativo.
Eduardo Brunet Álvarez de Sotomayor, director del Green Finance Institute.
