La ley obliga a las empresas a contar, como mínimo, con un nivel medio de accesibilidad en sus sitios web
MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -
La compañía Accedalia denunció hoy que, a falta de una semana para que finalice el plazo que tienen algunas empresas para convertir en accesibles sus páginas web, muchos sitios de la Administración pública, así como otros de interés general o subvencionados por la administración, "siguen sin ser accesibles para todos".
Esta normativa se enmarca en la nueva Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, y obliga a las compañías consideradas 'grandes' a contar, como mínimo, con un nivel medio de accesibilidad en sus sitios web.
Así, la legislación afecta tanto a la Administración Pública, como a entidades y empresas encargadas de gestionar servicios públicos o empresas privadas que reciben financiación pública, además de empresas de "especial trascendencia económica", como las entidades bancarias, aseguradoras, agencias de viajes, empresas de transporte o suministradoras de gas, agua y electricidad.
Sin embargo, a pesar de la inminente finalización de este plazo, muchas entidades afectadas no han adaptado aún sus sitios web para que cualquier persona, con independencia de sus discapacidades o limitaciones técnicas, "pueda conocer el contenido supuestamente publicado en Internet para el acceso público", según denuncia Accedalia.
La compañía especializada en el desarrollo web accesibles también lamenta que, aunque hay páginas que teóricamente cumplen con estos requisitos "siguen sin ser accesibles", pese a tener el sello de 'web accesible'.
NUEVA LEY, NUEVAS OBLIGACIONES.
En uno de sus apartados, esta Ley estipula que "las páginas de internet de las empresas que presten servicios al público en general de especial trascendencia económica, deberán satisfacer a partir del 31 de diciembre de 2008, como mínimo, el nivel medio de los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos, siempre que ello sea técnicamente viable y económicamente razonable y proporcionado".
La Ley aclara que se considera "gran empresa" a la que "presta servicios al público en general de especial trascendencia económica, con más de 100 trabajadores o cuyo volumen anual de operaciones supere los 6 millones de euros; siempre que además operen en el sector de los servicios comunicaciones electrónicas a los consumidores o en servicios financieros destinados a consumidores, que incluyen los servicios bancarios, de crédito o de pago, los servicios de inversión, las operaciones se seguros privados, los planes de pensiones y la actividad de mediación de seguros".
Hasta la aprobación de esta Ley, la obligación de accesibilidad en las páginas web sólo afectaba a las Administraciones públicas. A partir de finales de este año también afectará a este tipo de grandes empresas.
La normativa española progresa hacia la de otros países más avanzados en este sentido, --como Estados Unidos--, que comienzan a exigir la accesibilidad de las páginas de todas aquellas empresas que realicen comercio electrónico a través de sus webs o tengan un establecimiento físico abierto al público. De hecho, la jurisprudencia norteamericana ha interpretado en varias sentencias que la obligación de accesibilidad de los locales físicos se debe extender a los sitios virtuales de los que dispongan esas empresas.
