CÓRDOBA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Delegación de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta en Córdoba ha adjudicado el suministro e instalación de señalización accesible en la Ciudad de la Justicia de Córdoba, así como en las sedes judiciales en los municipios cordobeses de Aguilar de la Frontera, Baena, Cabra, Montilla, Priego de Córdoba, Montoro y Puente Genil.
Según ha informado la Junta en una nota, el importe de la actuación asciende a 17.726 euros y el proyecto tiene un plazo de ejecución de dos meses, por parte de la empresa Eurorótulo y Servicios Publicitarios S.L. En concreto, se van a instalar avisos de escaleras y placas indicativas de accesos para facilitar la señalización de las sedes judiciales y hacerlas más accesibles.
La delegada territorial, Raquel López, ha señalado que estas actuaciones se enmarcan dentro del III Plan de Acción integral para las personas con discapacidad en Andalucía 2021 a 2026. López ha explicado que este programa "lo puso en marcha el Gobierno de Juanma Moreno en 2021, después de que llevara sin editarse desde 2013, incluyéndose en esta ocasión por primera vez un programa específico para el área de Justicia, en concreto el Programa 19".
"Su finalidad --ha proseguido-- es incrementar la accesibilidad cognitiva de las personas con discapacidad a los servicios de la Administración de Justicia, así como la accesibilidad arquitectónica a edificios e infraestructuras judiciales".
López ha afirmado que "las sedes judiciales de la provincia han mejorado la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas y se han adaptado a las Medidas de Apoyo a la Comunicación Oral, con la instalación de bucles magnéticos en el Registro Civil y en el Servicio de Notificaciones de la Ciudad de la Justicia de Córdoba para personas sordas". En este sentido, "la Junta está estudiando la viabilidad de esta iniciativa en el resto de sedes".
Igualmente, la delegada ha añadido que la Consejería ha puesto en marcha un servicio para traducir a lectura fácil las resoluciones de los órganos judiciales, con el fin de garantizar su comprensión por parte de personas con discapacidad intelectual o que presenten dificultades para entender este tipo de resoluciones.
