SEVILLA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha conocido este miércoles el seguimiento realizado por la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de las obligaciones derivadas del cumplimiento de la normativa en materia de responsabilidad ambiental y vigilancia de la contaminación accidental correspondiente a 2022.
Andalucía destaca a nivel estatal en número de instalaciones obligadas y en diversidad de sectores y actividades clasificadas sometidas a control, con más de 600 instalaciones inventariadas en funcionamiento, de las cuales 581 cuentan con garantía constituida de 388,96 millones de euros a partir de las declaraciones responsables presentadas, con una monetización estimada del riesgo ambiental ocasionado de 292,82 millones, según una nota de la Junta.
El Gobierno andaluz ha recordado que los operadores de actividades profesionales y económicas deben acreditar el cumplimiento de una serie de obligaciones en materia de garantía financiera de responsabilidad medioambiental, entre las cuales figura elaborar un análisis de riesgos medioambientales que traduzca en términos monetarios el riesgo potencial de su actividad; así como constituir una garantía financiera si el resultado del análisis se sitúa por encima de determinados umbrales y comunicar a la Administración por medio de declaración responsable, la obligación o exención de constituir garantía financiera como resultado del análisis de riesgos medioambientales realizado.
Las actividades obligadas en Andalucía se incluyen en un inventario de operadores e instalaciones en el que se unifica de manera transversal la información contenida en diferentes registros (industria, emisiones contaminantes y minas) en función de su común potencial lesivo para el medio ambiente.
En este sentido, el seguimiento de las obligaciones y la calidad de los datos obtenidos permite obtener una imagen real de los riesgos ambientales de las actividades económicas desarrolladas en la comunidad, expresados en términos monetarios y reflejados sobre el territorio a nivel provincial.
En este seguimiento también se recogen las actividades desarrolladas en ámbitos como la telematización de procedimientos administrativos y el desarrollo de la administración electrónica en materia de responsabilidad medioambiental, la asistencia técnica a los operadores en el cumplimiento de sus obligaciones y a otros órganos administrativos con competencias en la materia o la difusión de conocimientos específicos sobre la normativa a través de cursos capacitación técnica para personal al servicio de la Junta de Andalucía.
Con los datos obtenidos, la calidad de dichos registros y sobre la legislación actual, Andalucía se sitúa como una región puntera en la prevención, evaluación y aseguramiento de los riesgos de daños medioambientales dentro de la Unión Europea.
