Casi 1.000 medidas en 2015 para reeducar a menores andaluces con trabajos comunitarios

SEVILLA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía ha ejecutado durante el año 2015 un total de 982 medidas con el objetivo de reeducar a menores infractores a través de trabajos en beneficio de la comunidad impuestos por los órganos judiciales de Andalucía, según ha explicado el consejero del ramo, Emilio de Llera, en el Pleno del Parlamento andaluz.

Los trabajos en beneficio de la comunidad, que representan el 15 por ciento de todas las medidas de reeducación de menores infractores en medio abierto impuestas en Andalucía, son desarrolladas por la Junta a través de los 407 convenios que tiene firmados para tal fin, el 80 por ciento con ayuntamientos y el 20 por ciento con entidades privadas de toda la comunidad.

Los convenios con ayuntamientos y entidades, ha señalado el consejero, "no comportan ninguna contraprestación económica y tienen como finalidad la colaboración institucional para la educación y reinserción social de los menores infractores, mediante una intervención en su entorno que contribuya a la prevención de conductas de riesgo".

En ningún caso se plantea con esta medida la realización de tareas remuneradas ni la ocupación de un puesto de trabajo, ya que, ha dicho De Llera, "siempre debe compatibilizarse con tareas formativas del menor".

El perfil tipo de los infractores que se acogen a esta medida responde a un varón, de entre 15 y 17 años, con problemas familiares y fracaso escolar. Los delitos que suelen cometer son robos con fuerza, peleas callejeras y destrozos de mobiliario urbano, entre otros.

La prestación del servicio en beneficio de la comunidad es una de las medidas judiciales de las denominadas de medio abierto que pueden imponer los jueces de menores a los jóvenes infractores, de acuerdo con el catálogo establecido en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.

UN MÁXIMO DE DOSCIENTAS HORAS

Esta decisión judicial se traduce en acciones relacionadas con el interés social o el beneficio de personas en situación de vulnerabilidad y acorde con la naturaleza del hecho cometido. El juez puede condenar a los menores hasta un máximo de doscientas horas, aunque la media ronda las cincuenta. "Retirar grafitis, ayudar en centros de salud, recoger basura del 'botellón', acompañar a personas mayores, seguridad vial o limpieza de parques", ha enumerado el consejero, "son algunos de las tareas impuestas".

El desarrollo de la medida judicial queda plasmado en la elaboración de un proyecto individualizado de ejecución de medida en el que se concretarán las actividades a realizar en función de las características del menor, el hecho cometido y la red de apoyo externo que le permita superar los obstáculos presentados. Estos proyectos han de ser aprobados por el juez de menores para su inicio y ejecución.

El consejero ha destacado que el objetivo principal de las medidas comunitarias impuestas es que el menor sea consciente de que la comunidad, o determinadas personas, han sufrido de forma injustificada unas consecuencias negativas de su conducta, que ésta es reprobable y la prestación que se les exige es un acto de reparación justo. "Se pretende así fomentar la conciencia social y la responsabilidad de los jóvenes infractores", ha apuntado.

Dado que se posibilita que los jóvenes puedan realizar estas tareas en el propio entorno territorial y social donde comparte valores, gustos, tendencias y vínculos afectivos reparando el daño causado, la medida tiene efectos beneficiosos tanto para ellos como para los municipios en los que se llevan a cabo.

Según De Llera, estos datos dan muestra de que, desde la Consejería, "venimos realizando un importante esfuerzo para hacer posible la ejecución de estas medidas, atendiendo a la diversidad de las mismas, especializando la intervención e impulsando la mediación".

"Contamos con un sistema de justicia juvenil consolidado y capaz de ofrecer recursos suficientes desde una intervención sólida y profesional, una labor que se pone de manifiesto en el alto nivel de reinserción y no reincidencia de los menores infractores", ha concluido el titular autonómico de Justicia e Interior.