SEVILLA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la formulación de la Estrategia para la Infancia y la Inclusión cuyo objetivo principal es reducir la pobreza estructural en Andalucía y su transmisión intergeneracional hasta lograr su erradicación, a través de la lucha contra la pobreza infantil.
Esta medida transversal, elaborada por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, servirá para articular y coordinar el conjunto de recursos del sistema público andaluz de servicios sociales.
La lucha contra la pobreza infantil es un reto de primer orden para el Gobierno andaluz, que se enmarca en el problema de pobreza estructural que sufre la comunidad autónoma, según ha informado la Junta en una nota.
El 35,1% de la población, 2,97 millones de personas, estaba en riesgo de pobreza y/o exclusión social en 2020. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del año referido, el 28,5% de los niños, niñas y adolescentes en Andalucía, es decir, 451.474 menores de 18 años, se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social.
Por otro lado, el 45,1% de los hogares monoparentales con al menos un hijo o hija dependiente estaba en riesgo de pobreza en 2020 y un 9,3% de los niños, niñas y adolescentes andaluces experimentaba carencias materiales severas.
En este sentido, las transferencias sociales, junto con las pensiones de jubilación y supervivencia, redujeron el riesgo de pobreza infantil en la comunidad andaluza unos 12 puntos porcentuales en ese mismo año. Sin ellas, según la Junta, el riesgo de pobreza alcanzaría al 34,4% de las personas menores de 18 años.
Con la aprobación de la formulación de la Estrategia para la Infancia y la Inclusión, se pone en marcha un proceso que tiene como partida un análisis de la situación y un diagnóstico.
Posteriormente, se definirán los objetivos y las líneas estratégicas de acción, para concluir con un seguimiento y evaluación de la Estrategia una vez que esta se desarrolle.
Para ello, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a través de la Dirección General de Servicios Sociales, elaborará un borrador con la participación de un grupo de trabajo integrado por representantes de las distintas consejerías, personas expertas en la materia, instituciones, organismos y agentes sociales.
A su conclusión, el borrador del documento será sometido a información pública con el objetivo de recabar las aportaciones de las entidades y personas interesadas.
La propia Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, mandata garantizar la cobertura de la necesidad básica de integración social y prevenir y atender adecuadamente las situaciones de vulnerabilidad de las personas.
Asimismo, la Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía, aprobada en esta legislatura con el acuerdo de casi todos los grupos políticos del Parlamento, nació con la vocación de garantizar una protección a las personas menores basada en la promoción de los derechos y en la prevención, con especial atención a las situaciones de riesgo.
Según la Junta, Andalucía ha soportado tasas elevadas de riesgo de pobreza y/o exclusión social, siempre muy por encima de la media nacional. Por otro lado, la irrupción de la pandemia internacional consecuencia del brote epidémico de Covid-19 ha multiplicado las necesidades sociales de la población y, en definitiva, ha incrementado el número de personas en esta situación
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