La Junta critica la cotización de las prácticas de FP impuesta por el Gobierno y advierte que "obstaculiza" la gestión

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha criticado el decreto ley 2/2003 aprobado por el Gobierno de España y que regula la obligatoriedad de cotización a la Seguridad Social de las prácticas curriculares de alumnos universitarios y de Formación Profesional, y ha advertido que esta medida "obstaculiza" la gestión.

Así lo ha indicado la consejera en el Parlamento andaluz durante la sesión de control al Gobierno, y ha añadido que "no es el momento de hacerlo". "Justamente ahora que estamos intentando incorporar al mayor número de empresas posible para dar cumplimiento también a la ley de formación profesional que exige pasar toda la formación a dual en un tiempo, además, muy limitado", ha espetado.

Asimismo, Del Pozo ha subrayado que esta disposición "se carga la bonificación del 99% de estos alumnos", ya que "le restan cuatro puntos, bajándola a un 95% que cae sobre las empresas, y además ese trámite sencillo que tenemos de notificar a la Seguridad Social el alta de estos alumnos, pues ya no es ese trámite, ahora hay que cumplir con toda la burocracia", ha lamentado.

Por otra parte, la titular del ramo ha puesto en valor el trabajo realizado por el Gobierno andaluz en esta materia de formación profesional, y en este sentido ha destacado que con la oferta del próximo curso, "serán casi 47.000 las plazas que se habrán creado desde enero del 2019 que entró el gobierno del cambio". Por tanto, "si antes eran un 35% los alumnos que querían aspirar a una plaza y se quedaban fuera, el año pasado ya conseguimos bajarlo al 19%, y queremos dejarlo a cero", ha matizado.

"Vamos a seguir trabajando. Hemos hecho un gran esfuerzo y hemos triplicado el número de alumnos en la modalidad de dual, y, además, hemos multiplicado por cinco las empresas que participan para que se pueda producir perfectamente también la modalidad de dual", ha finalizado Del Pozo.

Por su parte, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha lamentado la falta de diálogo por parte del Gobierno central y ha asegurado que el ministro José Luis Escrivá, en una ley de sostenibilidad de las pensiones, "hace que las universidades o las empresas tengan que hacer una contribución a la Seguridad Social con unos gastos económicos importantísimos".

Pero "más allá del gasto económico", ha continuado Gómez Villamandos, también soportarán una "gran carga de gestión". Finalmente, el consejero ha incidido que en que esta norma se ha aprobado "sin contar con las comunidades autónomas, que son las que lo financian, sin contar con las universidades, los rectores y los equipos de gobierno, que son quienes los tienen que ejecutar".