La Junta defiende su "voluntad política" por la transparencia y la lucha contra la corrupción

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Regeneración, Racionalización y Transparencia, Nuria Gómez, ha participado este jueves en las Jornadas 'Retos jurídicos de la Administración andaluza', organizadas por el Instituto Clavero Arévalo de la Universidad de Sevilla, donde ha expuesto los avances del actual Gobierno en materia de transparencia y lucha contra la corrupción y donde ha resaltado que en estos temas resulta "fundamental la voluntad política".

"En el caso del actual Ejecutivo andaluz de Cs y PP quedó clara esta voluntad desde el principio, ya que un tercio de los puntos del acuerdo de Gobierno tienen que ver con estos asuntos", ha destacado Gómez en su intervención en la mesa redonda titulada 'Hacia una profundización del buen gobierno: lucha contra la corrupción, transparencia, participación y evaluación de políticas públicas', junto a los catedráticos de Derecho administrativo Concepción Barrero, Severiano Fernández y Emilio Guichot, según ha explicado la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en un comunicado.

El organismo andaluz ha destacado que se trata de una comparecencia en la que se ha desgranado "los compromisos ya cumplidos", como los Planes de Transparencia aprobados por las distintas consejerías, "el endurecimiento" del régimen de incompatibilidades de los altos cargos, "los avances" en la profesionalización de los puestos directivos, las auditorías de los entes instrumentales o la histórica Ley contra el fraude y la corrupción y protección de las personas denunciantes, que incluye la creación de una Oficina contra el fraude, formada por funcionarios y adscrita al Parlamento que será quien elija a su director.

"Se pretende que salten las alarmas lo antes posible y ante cualquier indicio de delito, poner los hechos en conocimiento del órgano correspondiente y así evitar lo que muchas veces ha ocurrido, que cuando lleguen a la Fiscalía o a los juzgados los delitos cometidos están al borde de prescribir", ha explicado.

La secretaria general de Regeneración ha hecho hincapié en la importancia que la norma, aprobada el pasado mayo, concede protección de quienes "revelan malas praxis" en las instituciones públicas que "son el altavoz y tenemos que dar cobertura a esa valentía, ya que el miedo a represalias ha frenado muchas denuncias que podían haber llegado".

Gómez también ha detallado los avances en la profesionalización del personal directivo del sector público andaluz, con unas instrucciones que fijan un perfil, sistema de acceso y de evaluación por objetivos --cuyo incumplimiento "puede reducir" su sueldo e incluso "ser motivo de cese"-- y que actualmente "se están recogiendo" en un decreto en elaboración "para darle mayor rango legal y estabilidad" a esta nueva forma de nombrar a quienes gestionan los entes instrumentales de la Junta de Andalucía.

Asimismo, ha subrayado el Proyecto de Ley de Evaluación de Políticas Públicas que la Consejería está elaborando "para medir la eficacia y eficiencia" de las decisiones y actuaciones de las administraciones, un mandato sin cumplir del Estatuto de Autonomía desde la reforma de 2007 y algo que "en el sector privado es común pero en lo que hay que avanzar en el sector público".

También ha anunciado que la Junta "está inmersa" en la elaboración de un Código de Buen Gobierno, un compromiso de buenas prácticas y principios por parte de los altos cargos.

En materia de transparencia, Gómez ha expuesto que "se está elaborando" el reglamento para desarrollar la normativa vigente, "que está pendiente" desde su aprobación en 2014, al tiempo que "se prepara" la articulación del sistema de protección de datos por parte de la Junta "para hacer compatibles ambos aspectos".

Por último, ha subrayado "la apuesta de la Junta con los principios del buen gobierno y la regeneración es firme" y ha destacado la voluntad del Gobierno andaluz por "cumplir con el compromiso que adquirimos con los andaluces tras recibir su confianza en las elecciones de 2018 cuando los ciudadanos expresaron que querían un cambio después de los incumplimientos del anterior ejecutivo regional en aspectos como la puesta en marcha de la Oficina contra el fraude".