Critica que el Gobierno "castiga" a Andalucía en el desarrollo de la ley de Dependencia e insiste en un pacto de estado por su cumplimiento
SEVILLA, 17 May. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia, que prevé una inversión de 1.765 millones de euros en el periodo 2016-2020 para reforzar las medidas orientadas a disminuir el impacto de esta situación y evitar su agravamiento en las personas ya afectadas.
Según ha informado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, el plan se dirige a la población andaluza en general, aunque con especial atención a personas mayores y con discapacidad, cuidadoras, dependientes y colectivos con factores de riesgo como sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo, drogas, juego o trastornos alimenticios.
Ha explicado que el Plan contempla una inversión anual de entorno a 353 millones de euros mientras que el programa de trabajo será bienal, de manera que será evaluado cada dos años.
Respecto a las personas mayores, ha señalado que las medidas se sustentarán en los más de 900 centros de participación activa que funcionan en la comunidad --168 de titularidad de la Junta--, con cerca de medio millón de asociados que realizan anualmente casi 100.000 horas de talleres de promoción de la autonomía personal.
"Las políticas de la Junta para favorecer la autonomía personal a través de la Estrategia de Envejecimiento Activo cuentan con la máxima puntuación de la Comisión Europea, lo que sitúa a Andalucía como región de referencia en este ámbito", ha subrayado Sánchez Rubio.
Así, ha indicado que los objetivos básicos del plan se centran en facilitar el desarrollo de una existencia autónoma de la persona en su medio habitual y en condiciones de igualdad; promover el aumento de la esperanza de vida libre de enfermedades y discapacidad; reducir el impacto sobre las personas afectadas y sus cuidadoras; mejorar los mecanismos de participación ciudadana y coordinación entre los distintos sectores implicados, e impulsar la formación, la investigación y la innovación en estos ámbitos.
Además, ha destacado que la Junta prevé atender en el presente ejercicio a 200.000 dependientes e incorpora a los moderados, cuando ya se han sumado al sistema hasta final de año unos 30.000. El I plan andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia va a "compaginar" a los moderados con los más afectados, que tienen "prioridad".
La titular andaluza del ramo ha subrayado que el plan reforzará los servicios de prevención y promoción de la autonomía que actualmente desarrolla la Junta, especialmente en lo relativo al diseño de los itinerarios personalizados de intervención y a la asignación de profesionales para evitar el agravamiento de situaciones de dependencia moderadas.
De esta manera, se pretende que las personas incluidas en esta categoría --actualmente 99.572--, "desarrollen y mantengan sus capacidades mediante intervenciones de terapia ocupacional, de atención temprana, estimulación cognitiva, rehabilitación y otros apoyos".
Asimismo, como ha explicado Sánchez Rubio, se seguirán desarrollando los programas de educación para la salud en centros sanitarios, sociales y educativos; las medidas de incorporación o permanencia en el mercado laboral, y el impulso a la participación ciudadana a través de colectivos y asociaciones.
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales ha concretado que la elaboración del plan ha contado con las aportaciones de más de 130 profesionales y personas expertas, provenientes de más de 40 organizaciones, desde la Administración autonómica a entidades locales, agentes sociales y económicos, organizaciones del 'Tercer Sector' y universidades. Por parte de la Junta han participado las consejerías de Educación, Salud, Igualdad y Políticas Sociales, Empleo, Empresa y Comercio, y Fomento y Vivienda.
Según los datos aportados por Sánchez Rubio, Andalucía es actualmente la comunidad autónoma que más personas en situación de dependencia atiende. A 31 de marzo, existen 178.900 beneficiarias --el 23,4% del total nacional--, que cuentan con 232.400 prestaciones --24% del total--.
En este punto, ha criticado que el Gobierno de España financia el 22 por ciento del sistema en la comunidad, "por debajo del 50 por ciento que establece la propia legislación estatal" y esto ha provocado, como ha señalado, "una pérdida de financiación de más de 500 millones de euros entre 2012 y 2015" cuando ha recordado que desde la entrada en vigor de la ley en 2007 "la Junta ha invertido más de 8.000 millones en estas políticas".
UN PACTO DE ESTADO POR LA DEPENDENCIA
De otro lado, preguntada por el informe del Ministerio de Sanidad que señala que 33.000 andaluces con dependencia severa están en lista de espera para recibir una prestación, Sánchez Rubio ha considerado que el Estado "debería ser más moderado en sus valoraciones" más cuando "sabe perfectamente la situación de la financiación en la que dejan a Andalucía" en este asunto.
Y es que, como ha criticado la consejera, Andalucía aporta "el 78 por ciento del total del coste cuando debería ser el 50 por ciento del sostenimiento de la ley de Dependencia". En cualquier caso, ha indicado que "hay personas esperando y son más de las que quisiéramos" que se incorporaran al sistema, es por eso que la Junta "refuerza la ley Dependencia". "El Ministerio podría contenerse teniendo en cuenta el castigo al que ha sometido a Andalucía en el desarrollo de esta ley", ha apostillado.
Sánchez Rubio ha señalado también que Andalucía es la comunidad que tiene más beneficiarios y prestaciones, "la que más ha avanzado en el desarrollo de la ley y la que más ha sufrido las consecuencias de los recortes del Ejecutivo de España".
De su lado, el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha recordado que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, lanzó una propuesta de pacto de estado para que "el Gobierno no castigue a Andalucía con los presupuestos" y se garantizara el cumplimiento de la ley de la dependencia, pues entiende que "la vía es trabajar juntos" en este asunto. "Si el Gobierno pusiera su parte, seguramente no habría listas de espera en Andalucía", según ha dicho.
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