La Junta impone sanciones en materia de consumo por un importe aproximado de 15,4 millones en 2017

SEVILLA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía impuso durante el pasado año 2017 sanciones en materia de consumo por un importe aproximado de 15,4 millones de euros, y programa 25 nuevas campañas de inspección para este año.

La secretaria general de Salud Pública y Consumo, Josefa Fernández, acompañada de la directora general de Consumo, Isabel Niñoles, ha presentado este jueves en rueda de prensa el balance de las actuaciones desarrolladas por la Junta en materia de consumo durante el pasado 2017, y ha avanzado las principales líneas de actuación que se impulsarán en el presente año.

Esta presentación coincide con la celebración del Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, que se conmemora cada año el 15 de marzo, según informa la Junta en una nota.

En concreto, en el pasado año 2017 se llevaron a cabo 27 campañas de control, y se levantaron un total de 17.435 actas de inspección tras la visita a más de 13.000 establecimientos.

Del total de actas, 2.039 son positivas, es decir, que han detectado algún tipo de irregularidad o incumplimiento de la normativa, lo que supone un 11,7 por ciento del total, un porcentaje que se reduce respecto a ejercicios anteriores, ya que fue del 12,35 por ciento en 2016 y del 16,58 por ciento en 2015.

Además, a lo largo de 2017 se resolvieron 2.672 expedientes sancionadores --derivados de actuaciones desarrolladas tanto en ese año como en anteriores-- por un montante total aproximado de 15,4 millones de euros.

Entre los expedientes más destacados están los ocho que se han abierto a entidades financieras por la introducción de cláusulas abusivas en los contratos de préstamo hipotecario y por la falta de información en relación con las denominadas cláusulas suelo, en respuesta a las denuncias presentadas ante la Administración de Consumo por la ciudadanía, tanto a título particular como a través de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias.

Estos expedientes han supuesto una cuantía total de 11.511.190,75 euros, donde se incluye una multa de 4.567.502 euros por las infracciones cometidas, además de un comiso por el beneficio ilícito obtenido, cuantificado en 6.943.688,75 euros. Desde la Junta destacan que la aplicación del comiso es una novedad y Andalucía es "una de las pioneras en aplicar esta medida".

PLAN DE INSPECCIÓN DE CONSUMO 2018

Para dar continuidad a esta labor inspectora, se ha programado para este año el Plan de Inspección de Consumo 2018, que comprende 25 campañas cuyo desarrollo supondrá más de 9.000 actuaciones inspectoras, de las que aproximadamente 400 consistirán en la toma de muestras en los diferentes establecimientos que se inspeccionen.

Las actuaciones de control programadas se organizan en tres bloques, que son los de productos alimenticios y alimentarios, productos no alimenticios y servicios.

En el ámbito de los servicios, se insistirá este año en el desarrollo de campañas como la de información en la compra-venta y arrendamiento de viviendas, contratación a distancia, prácticas comerciales desleales, banca, sector aéreo o compañías de telecomunicaciones.*Además, este año se hará también una campaña de inspección de entidades suministradoras de agua, debido a que en la última realizada, en 2016, se detectó un elevado porcentaje de irregularidades.

En la elaboración del plan de inspección participan, como cada año, las federaciones de consumidores y usuarios de Andalucía, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y diferentes centros directivos de la Administración andaluza cuyas competencias pueden afectar o tener relación con la defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias. Además, se tienen en cuenta los resultados e incumplimientos detectados en otras campañas, así como la información sobre quejas y reclamaciones recogidas.

NUEVO DESARROLLO NORMATIVO

Además del Plan de Inspección de Consumo 2018, está previsto el desarrollo de nueva normativa para mejorar la capacidad de protección y defensa de las personas consumidoras y usuarias. En esta línea, se va a modificar el decreto que regula las hojas de quejas y reclamaciones oficiales de la Junta para adaptarlo a la normativa europea y mejorar la eficacia y la eficiencia del proceso reclamación, para que sea más sencillo, útil e intuitivo para la ciudadanía.

También está previsto avanzar en la nueva Ley de Prevención y Solución de Conflictos de Consumo y se está trabajando en el Plan Estratégico de Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias en Andalucía, un documento que busca establecer las líneas estratégicas que marcarán el impulso de las políticas de consumo en la comunidad, así como definir y programar las actuaciones a desarrollar durante los próximos años.

Además, se pondrá en marcha una nueva convocatoria de ayudas y subvenciones, dirigida tanto a asociaciones y federaciones de personas consumidoras como a entidades locales, con el objetivo de impulsar su mantenimiento y el desarrollo de sus actividades, para ofrecer a la ciudadanía una red de apoyo sólida, activa y accesible para ejercer sus derechos en materia de consumo.

UN AÑO "MUY ACTIVO"

La secretaria general ha destacado que "2017 ha sido un año muy activo en el ámbito del consumo, algo que se ha reflejado en la actividad desarrollada por la Dirección General de Consumo, tanto desde los servicios centrales como desde los provinciales".

En cuanto a 'Consumo Responde', el servicio de información y asesoramiento en materia de consumo impulsado por la Junta de Andalucía en colaboración con las principales asociaciones de consumo, se han atendido en 2017 más de 53.000 consultas (53.351), prácticamente el doble que el año anterior, cuando se atendieron 26.862.

Entre los temas más consultados destacan principalmente las cuestiones relacionadas con las hojas de quejas y reclamaciones, que acumulan el 34,3 por ciento del total, seguidas por los suministros básicos de electricidad, agua y gas, con un 32,7 por ciento del total. Las solicitudes de información relacionadas con este sector han experimentado un importante crecimiento respecto a las registradas en 2016, pasando de 2.450 a 17.442 consultas en un solo año.

En cuanto al canal de acceso, la mayoría de las solicitudes de información remitidas a Consumo Responde han llegado a través del teléfono gratuito 900.215.080, con el 90,3 por ciento de las consultas, frente al correo electrónico 'consumoresponde@juntadeandalucia.es', que acumula un 9,6 por ciento de peticiones de información. Más del 91 por ciento de las consultas recibidas fueron resueltas en menos de 24 horas.

Por otra parte, la Junta de Andalucía ha recibido en 2017 un total de 23.349 reclamaciones, un cuatro por ciento más que el año anterior. La mayor parte de las reclamaciones, un 94,8 por ciento, estaban relacionadas con el sector servicios, frente a un cinco por ciento de productos industriales y un 0,2 por ciento de alimentos.

Por otra parte, en 2017 se recibieron en la Junta Arbitral de Consumo autonómica hasta 1.643 solicitudes --frente a las 1.515 en 2016--, y se consiguió reducir "notablemente" el tiempo de espera desde que se solicita el arbitraje hasta que se completa el proceso.

La mayor parte de las solicitudes se refieren a conflictos en materia de telecomunicaciones, con un 47 por ciento del total, seguidas de las solicitudes en materia de energía (electricidad y gas), que representan un 43 por ciento.

Por otra parte, en 2017 se destinó 1.025.061 euros a sufragar actividades de las federaciones y asociaciones de personas consumidoras andaluzas. Además, se destinaron 759.615,29 euros a 75 entidades locales de Andalucía para la financiación de actuaciones para el mantenimiento y funcionamiento de los servicios locales de consumo, con el objetivo de impulsar la consolidación y ampliación de la red de Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMICs).