BILBAO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -
El responsable de Política de Podemos Euskadi y diputado en el Congreso por Bizkaia, Eduardo Maura, ha asegurado que la decisión del Gobierno vasco de aplicar a la Renta de Garantía de Ingresos el aumento del IPC, y no el del SMI, es "política y no presupuestaria", y marca "la línea de la legislatura" del Gabinete Urkullu. Además, ha considerado "llamativo, aunque no inesperado", que la presencia del PSE "no haya tenido mucho efecto" en esta materia.
Podemos se ha pronunciado de esta forma después de que este sábado el Ejecutivo autónomo haya anunciado su intención de aplicar la subida del IPC a la Renta de Garantía de Ingresos y no el 8% de subida del Salario Mínimo Interprofesional, que hasta ahora había sido la referencia para las actualizaciones de esa prestación social.
En declaraciones a Europa Press, Maura ha asegurado que el planteamiento de la formación morada ha sido "recuperar lo que se perdió en 2012", con el reducción de la cuantía de la RGI en un 7% aprobada por el Gobierno presidido por Patxi López, "y que Urkullu no recuperó".
Por otra parte, según ha destacado, Podemos cree que la RGI debe "cimentar" una apuesta "por una renta básica incondicional" que, "obviamente, tiene que tener como punto de referencia el SMI".
Por esta causa, Maura cree que la decisión "política y de calado" de aplicar el aumento del IPC a la RGI es "continuista en materia de política social" y, desde el punto de vista futuro, "un paso atrás, que consiste en alejar a Euskadi de la posibilidad de una renta básica".
El dirigente de Podemos ha destacado, asimismo, que esta decisión del Ejecutivo autónomo "coincide con la decisión contraria de países como Escocia o Finlandia, que han decidido apostar por la RGI y lo han hecho, obviamente, partiendo de sus Salarios Mínimos Interprofesionales de referencia".
Además, ha advertido al Gobierno vasco que una apuesta por la universalización de la Renta de Garantía de Ingresos haría que los "contrato basura" dejaran de "tener sentido". En su opinión, ello supondría un freno a los empresarios "que trampeaban e intentaban conseguir trabajadores a precios claramente por debajo del mercado o en condiciones de precariedad intolerables".
"Con esta decisión, sigue siendo posible que haya empleadores que sigan apostando por empleos basura y condiciones laborales en negro", ha lamentado.
Eduado Maura considera que la decisión del Ejecutivo "forma parte de un proyecto político conservador" que "sigue concibiendo la RGI "como una herramienta", pero que "sigue generando ciudadanos de primera y de segunda".
