MÉRIDA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Mérida, Ángel Calle, aclaró hoy que la modificación en las bases de las pruebas de la Policía Local publicadas recientemente en el Boletín Oficial de la Provincia para que el presidente del tribunal sea el alcalde o miembro de la corporación en quien delegue se ha realizado por requerimiento de la Junta de Extremadura.
Según Calle, las bases de estas pruebas publicadas en octubre determinaban que la composición del tribunal había de ser de carácter funcionarial, conforme al Estatuto Básico del Empleado Público, pero este aspecto fue modificado cuando la Junta informó de que en 2007 se había remitido un informe de su Gabinete Jurídico que establecía que el presidente de "todos los tribunales de selección de Policías Locales, habría de ser el alcalde".
Por ello, el primer edil pidió hoy en rueda de prensa en Mérida una "rectificación" de los sindicatos FSP-UGT, SPPME y CSI-CSIF con representación en la Policía Local, que en un comunicado de prensa afirmaron ayer que este cambio se ha producido por un "interés del alcalde" en llevar personalmente el tribunal. ñadió que si estos sindicatos no rectifican "José Ángel Calle Gragera, a título individual y no como alcalde, va al juzgado".
"DISCONFORMIDAD"
Explicó que el ayuntamiento mostró a la Junta su "disconformidad" con este mandato, a lo que la Administración regional respondió con una serie de requerimientos. Por ello, el consistorio modificó la composición del tribunal "para no entrar en conflicto con quien tiene la tutela jurídica de los ayuntamientos en Extremadura". De todo esto, según dijo el alcalde, estaban informados los sindicatos.
El regidor, quien estuvo acompañado en la rueda de prensa por los concejales de Tráfico y Recursos Humanos, José Fernández y Juan Espino, explicó que ha hablado con representantes de los tres sindicatos que criticaron esta modificación, quienes les han comunicado que "ninguno sabe" quién ha sido el autor del comunicado citado.
Sobre este asunto también se manifestó la portavoz del Grupo Municipal Popular, Pilar Vargas, en una rueda de prensa posterior, quien recalcó que la Ley de Función Pública dice que "debe ser un funcionario" quien presida el tribunal de las pruebas. A su juicio, el ayuntamiento se basa "en una ley que no ha visto nadie" para hacer el cambio.