Rural.- La Cámara pide aglutinar todas las cooperativas lácteas para "defenderse de forma más eficaz" ante la industria

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cámara gallega ha dado este miércoles el visto bueno a una proposición no de ley impulsada por el PP para pedir a la Xunta que "fomente la creación de una única estructura" que englobe a todas las cooperativas lácteas en Galicia, a fin de "defender de forma más eficaz" los intereses de sus asociados frente a las "imposiciones" de la industria y las distribuidoras.

gallego de que "respalde y preste el apoyo técnico específico necesario" para asesorar a los distintos proyectos cooperativos lácteos en el proceso de aglutinamiento.

Después de que, durante el debate, los grupos de la oposición considerasen esta iniciativa una "enmienda" a la labor de la Xunta desde la llegada de Alberto Núñez Feijóo a San Caetano, la diputada popular Emma Álvarez Chao negó que sea "una enmienda a nada".

"Es necesario el apoyo público financiero y no sólo palmadas en el hombro", reclamó la nacionalista Tereixa Paz al Gobierno gallego, mientras que la socialista Sonia Verdes demandó "implicación y compromiso firme". "Monten un grupo lácteo, si no, lo que parece es que quieren un chiringuito del PP para controlar las cooperativas", sentenció la diputada del PSdeG.

Tras expresar su postura, tanto los socialistas como los nacionalistas optaron por la abstención en la votación de esta proposición no de ley, que únicamente contó con el respaldo del PPdeG.

TARIFA ELÉCTRICA INDUSTRIAL

Por otro lado, no fue posible el acuerdo con el grupo popular para sacar adelante una propuesta impulsada por el diputado del BNG Fernando Branco Parga para pedir a la Xunta que demandase ante el Gobierno central una tarifa eléctrica para "la gran industria" gallega, a fin de permitir la "viabilidad" de Alcoa en San Cibrao (Lugo) y A Coruña.

Además, reclamaba un plan "concreto" de implantación del gaseoducto de A Mariña lucense, al objeto de que Alcoa funcione con gas natural. Todo ello, a cambio de que la empresa mantenga el empleo y las condiciones sociolaborales del personal de la empresa principal y de las auxiliares.

Misma suerte corrió la propuesta del socialista Miguel Ángel Fernández de aplicar "todos" los fondos transferidos por el Ministerio de Empleo en concepto de modernización de los servicios públicos de empleo para mantener a los promotores de empleo en sus funciones, al menos, hasta la finalización de sus contratos.