La Xunta sigue ofreciendo su "colaboración" para llegar a un consenso "cuando las partes estén dispuestas a retomar el diálogo"
PONTEVEDRA, 3 May. (EUROPA PRESS) -
Las discrepancias entre productores y bodegueros para llegar a un acuerdo de precios fue el principal escollo que impidió a la mesa del vino de la Denominación de Origen Rías Baixas fijar un contrato homologado para los próximos tres años. La de este jueves era la cuarta reunión, pero se rompieron las negociaciones.
Ambas partes coinciden en que la crisis económica afecta a esta negociación, pero lo argumentan en sentido contrario. Así, mientras para los bodegueros esta es una razón fundamental para bajar los precios, en opinión de los viticultores justifica su mantenimiento.
Los sindicatos agrarios aseguran que están dispuestos a bajar unos céntimos pero no lo que piden las bodegas, que pretenden rebajar la tabla de precios que deben abonar las bodegas por la uva adquirida.
"Una cosecha media de entre 28 y 32 millones de kilos, con una uva de 12,5 grados, nosotros estábamos poniendo un precio de 1,30 euros y los bodegueros lo que estarían dispuestos a firmar sería 1,20", explicó el portavoz de Unións Agrarias.
"Todos tendremos que ceder un poco, porque lo que no se puede pedir es que ceda sólo el viticultor, ya que los gastos de producción en la viña subieron: gasoil, sulfatos, jornales... que no suba más el precio lo aceptamos, pero que baje es insostenible", prosigue.
Las organizaciones sectoriales recordaron, en esta línea, que en la pasada vendimia la uva de más calidad, de 13 grados, se pagó a 1,50 euros. El récord histórico alcanzado en la cosecha del año pasado es otro elemento de peso en esta negociación.
Las centrales sindicales temen que el exceso de uva implique una caída del valor, por lo que buscan limitar la producción y señalan con preocupación el excedente de vino que las bodegas tienen sin vender tras la última vendimia y el riesgo que esta sobreproducción puede originar en el mercado.
Sin embargo, esta postura no es unitaria entre los sindicatos agrarios, así mientras que Xóvenes Agricultores y el Sindicato Labrego Galego sostienen que "aumentar los rendimientos como ocurrió el año pasado es inviable y repercutirá negativamente en el precio de la uva", por el contrario para Unións Agrarias "mientras no se actualice el registro vitícola no se podrá controlar los rendimientos de la uva".
Como alternativa, Unións Agrarias y Xóvenes Agricultores solicitan una "poda en verde", que permitiría controlar la producción e indemnizaría a los viticultores por ello.
BODEGAS
Por su parte, los representantes de las bodegas consideran que el precio pagado el pasado ejercicio es elevado por lo que proponen reducirlo, y apuestan por vincular el precio a cantidad total de cosecha.
Aunque se cerró sin acuerdo el encuentro celebrado por cuarta ocasión en la delegación de la Xunta en Pontevedra, volvió a reflejar el convencimiento de todas las partes de la necesidad de lograr unos precios mínimos, y por eso han pactado seguir negociando.
Pero, de momento, no hay fecha para una próxima reunión. "Confiamos en que se pueda arreglar", dijeron participantes en la reunión.
El jefe territorial de Medio Rural y do Mar, Gerardo Zugasti, recordó que "pese a esta suspensión de las negociaciones, la Xunta de Galicia sigue ofreciendo su colaboración para llegar a un consenso cuando las partes estén dispuestas a retomar el diálogo".
TRES REUNIONES PREVIAS
En las tres anteriores reuniones los implicados consideraron que los contratos anteriores "habían funcionado" por lo que vieron "muy adecuado" conseguir un acuerdo conjunto para las próximas vendimias.
En la primera reunión también se acordó aplicar un marco de negociación que ligara los precios al volumen de producción de la cosecha, no sólo en cuanto a calidad sino al volumen total de producción de la misma, punto en el que todas las partes estuvieron de acuerdo.
