El magistrado suspende la toma de declaraciones al exalcalde Manuel Cabezas a la espera de que se confirme si sigue al frente de las causas
OURENSE, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
La exconcejala socialista en Ourense Áurea Soto se ha querellado contra el juez decano de Ourense, Leonardo Álvarez, por considerar que ha cometido "prevaricación judicial" durante su instrucción del caso de la Plaza de San Antonio, del que resultó absuelta tras el juicio, al igual que el abogado Carlos Hernández.
La primera consecuencia de esa decisión es que la declaración del exalcalde de la ciudad Manuel Cabezas (PP), citado como investigado para este miércoles en el denominado caso del 10 por ciento, ha sido suspendida. Y es que, tras conocer la querella, el magistrado estudia plantear a la Audiencia Provincial ser retirado de todos los casos en los que trabaja y Áurea Soto es parte.
Se trata de las causas sobre las asistencias técnicas, el del muro del matadero de Ourense y el de la renuncia al cobro del 10 por ciento de los aprovechamientos a los promotores privados.
Hasta que la Audiencia decida si continúa o no al frente de estos tres casos, Leonardo Álvarez se ha inhibido de seguir trabajando en ninguno de ellos. Así, este miércoles, nada más conocer la presentación de la querella por parte de Áurea Soto y del abogado Carlos Hernández, ha aplazado 'sine die' el testimonio de Manuel Cabezas.
El argumento legal que ampararía su salida de estos casos reside en que los jueces pueden abstenerse de conocer un asunto cuando en ellos concurren algunas circunstancias que hacen dudosa su imparcialidad.
LA QUERELLA
La querella presentada por la exconcejala de Urbanismo y por Carlos Hernández contra Leonardo Álvarez en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) se basa en dos puntos.
Por un lado, se señalan "imputaciones selectivas", en referencia a la indemnización concedida a una vecina a modo de compensación por la pérdida de luz en su inmueble como consecuencia de que el TSXG dejó sin efecto una demolición prevista en la Plaza de San Antonio. Y es que, como argumenta, esa propuesta no la realizó la socialista, sino que fue firmada por una funcionaria que no llegó a acudir a juicio.
En paralelo, en la querella también se apunta a un posible "desconocimiento" de la ley por parte del juez decano de Ourense tras reivindicar la legalidad de la licencia concedida al aparcamiento subterráneo de la citada plaza.
El pasado 7 de enero, la exedila y Carlos Hernández fueron absueltos de un delito de prevaricación urbanística por la concesión de licencia a los edificios de esa plaza y al parking.
DECLARACIÓN DE MANUEL CABEZAS
En cuanto a la declaración de Cabezas, forma parte de una investigación por no haber cobrado el 10 por ciento de los aprovechamientos a los promotores privados cuando fue alcalde, entre 1995 y 2007.
A su llegada al edificio judicial, el exregidor lamentó la "instrumentalización" de la Justicia en este caso, surgido tras la denuncia por parte de Áurea Soto. Además, ha recordado que esa decisión de no cobrar el 10 por ciento se tomó en 1994, cuando la ciudad estaba gobernada por el socialista Veiga Pombo, y que su gobierno asumió este acuerdo por recomendación del secretario general del ayuntamiento.
"Lo asumimos porque jurídicamente se nos recomendó el acuerdo plenario del 94, que fue refrendado en 2004 ante un informe del Consello de Contas por el jefe de Urbanismo", ha recalcado.
De hecho, ha avanzado su intención de entregar al juez el acta del año 1994 que recoge esa decisión, con los votos a favor de 25 concejales y la abstención de uno. "Este acuerdo es de casi hace 22 años y no fue tomado por nosotros", ha dicho Cabezas, que entendía su declaración de este miércoles como la "oportunidad de aportar algo que no estaba en la instrucción".
