El fiscal pide 10 años de inhabilitación para Soto por prevaricación urbanística y ve al letrado cooperador necesario
OURENSE, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
El juez de instrucción ha decretado apertura de juicio oral contra la edila de Urbanismo de Ourense, Áurea Soto, y su abogado Carlos H., por sus actuaciones para mantener las licencias otorgadas a un aparcamiento en la plaza de San Antonio, para que se designe al Juzgado de lo Penal de Ourense que corresponda por turno.
El auto judicial, al que tuvo acceso Europa Press, fue emitido el jueves día 8 por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense, tras un año de investigación iniciada por la denuncia de Democracia Ourensana del Ayuntamiento de Ourense, presentada el 10 de enero de 2013, para acusar a Soto y su abogado como "presuntos autores de un delito continuado de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos", según recoge el escrito.
Según el juez, los "hechos justiciables" se iniciaron con la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que en 2004 resolvió contra las licencias dadas por el Ayuntamiento de Ourense -entonces gobernado por el PP y con Manuel Cabezas de alcalde- a una empresa privada para explotación de un aparcamiento bajo las viviendas construidas en la plaza de San Antón.
En 2004, el TSXG consideró que el suelo sobre el que se hicieron las obras era de dominio público, por lo que un uso privado, como el del aparcamiento, tendría que "estar sujeto a concesión administrativa". Según el juez, a sabiendas de esa sentencia, la edila Áurea Soto acordó en 2007 "legalizar las obras ejecutadas y usos autorizados antes apoyándose en un informe jurídico del abogado Carlos H.L., de A Coruña, al que recurrió ante la imposibilidad de obtener un informe de los jurídicos municipales, que respaldase esa actuación de la edila", añade.
SUELO PÚBLICO PARA APARCAMIENTO PRIVADO
Además, una de las vecinas de la plaza de San Antón, denunció las obras y la titularidad privada del aparcamiento del subsuelo, por lo que una nueva sentencia del TSXG de 2008 reiteró al Ayuntamiento de Ourense "que el aparcamiento construido en el subsuelo de la plaza de San Antonio, es de dominio público" y no privado.
El auto recoge las siguientes actuaciones de la edila respecto a la denuncia vecinal, como aprobar una indemnización de 358.528 euros "por una simple pérdida de luces" y la considera "cantidad absolutamente desproporcionada que sirve únicamente para evitar que la licencia de ocupación dada en 2007 vuelva a los tribunales de Justicia".
"El Ayuntamiento de Ourense vio así mermadas sus arcas, por la concesión de una indemnización a todas luces desproporcionada y, además, vio como se mantiene la titularidad privada de tres plantas de aparcamiento que, por imperativo judicial, pertenecían al Ayuntamiento de Ourense", según se señala en el escrito. Para el juez instructor "consta acreditado" por los indicios la "intervención personal y directa de Áurea Soto y de Carlos H.L., en la comisión de los delitos imputados".
ESCRITO FISCAL
El auto judicial alude a los escritos de acusación presentados por el fiscal y la acusación particular, ejercida por la hija de un promotor de la ciudad propietario de Casas Ourense.
El escrito del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, del 5 de diciembre, considera la existencia de un delito de prevaricación urbanística del que responden los dos acusados "en concepto de autores" siendo Carlos H.L., "cooperador necesario" y Áurea Soto "autora directa".
Así, estima que procede imponerles las penas de 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público y multa de 20 meses con cuota diaria de 20 euros y que la sentencia que los condene, deberá declarar, además, la nulidad de todos los acuerdos adoptados como consecuencia "de la conducta prevaricadora".
Respecto a este caso, el regidor ourensano, Agustín Fernández, ha dicho en el pleno celebrado este viernes que la edila "será la única que se siente en el banquillo por mirar por el interés general" y se preguntó, dirigiéndose al portavoz de Democracia Ourensana, qué haría él si los vecinos fuesen a pedirle, como alcalde, que no le dejasen sin viviendas, tras una sentencia de demolición del TSXG, que luego se declaró inejecutable.
