El Estado tiene dos meses para contestar tras una denuncia presentada ante la Comisión Europea por la asociación gallega En-Colectivo
BRUSELAS / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha anunciado este jueves la apertura de expediente a España por la extensión de la concesión de la autopista de pago AP-9, la principal vía de vertebración de Galicia, sin lanzar una licitación pública.
Bruselas ha enviado una carta de emplazamiento, el primer paso en los procedimientos comunitarios de infracción, a las autoridades españolas para garantizar la correcta aplicación de la regulación europea en la concesión de contratos, al considerar que España, al igual que Italia, no ha cumplido con sus obligaciones en esta materia.
En concreto, el Ejecutivo europeo considera que la última ampliación de la concesión de la AP-9, que extenderá los peajes hasta 2048, no se hizo de acuerdo a la legislación europea.
Tanto la duración como el alcance de la concesión están bajo la lupa de Bruselas, ya que la regulación comunitaria establece que la prórroga de un contrato de concesión equivale a una nueva concesión, que solo puede adjudicarse mediante concurso público. De esta forma se da la oportunidad a las empresas interesadas a optar a la concesión, promoviendo un mejor servicio al menor precio.
Para corregir esto, Bruselas espera que las autoridades españolas saquen la renovación de la AP-9 a concurso público, lo que debería haberse hecho al acabar la vigencia de la concesión, en lugar de prorrogarse.
Ahora España tienen dos meses para contestar a las cuestiones planteadas. El Ejecutivo europeo, por su lado, podría enviar un dictamen motivado en caso de no ver despejadas sus dudas y, como último paso, mandar a España al Tribunal de Justicia de la UE.
DENUNCIA DE EN-COLECTIVO
La asociación gallega En-Colectivo presentó en julio de 2020 una denuncia ante la Comisión Europea por considerar que las prórrogas de la concesión de la AP-9 a Audasa, aprobadas por sendos reales decreto en 1994 --hasta 2023, durante el Gobierno de Felipe González-- y 2000 --hasta 2048, durante el Gobierno de José María Aznar-- por considerar que vulneran la normativa comunitaria.
El asesor jurídico de la asociación para este procedimiento, Carlos Cenalmor, del despacho vigués Gándara Moure, explicaba a comienzos de este año que la denuncia se basa en el hecho de que, cuando se hicieron las prórrogas, se estaba modificando sustancialmente el contrato con la concesionaria.
El Libro Verde de la UE sobre contratación pública establece que en estos casos debe realizarse un nuevo proceso de licitación para que otras empresas pudieran optar a explotar la autopista. De tal modo, las prórrogas de la concesión de la AP-9 deberían haber sido objeto de un procedimiento de contratación que no se llevó a cabo.
Existe una denuncia similar relativa a una autopista de peaje en Italia, cuya concesión también fue prorrogada sin nueva licitación. En este caso, la Comisión Europea inició un procedimiento por incumplimiento contra este país.
"El Estado español puede tramitar una nueva licitación que, en todo caso, sería en unas condiciones muy distintas a las actuales. O bien puede hacer lo que se está haciendo en el resto de España, que es dejar las autopistas libres de peaje, porque lo contrario sería un agravio comparativo hacia Galicia", señalaba Carlos Cenalmor en relación con los supuestos que se abren.
En caso de que el Estado español no acepte las indicaciones de la Comisión, esta puede recurrir al Tribunal de Justicia de la UE.
PENDIENTE DE LA TRANSFERENCIA A GALICIA
Todo ello mientras esta semana ha echado a andar en el Congreso un grupo de trabajo para la ley de transferencia de la AP-9 a Galicia.
Se produce así un nuevo avance en la tramitación de una ley que se remonta a mayo de 2017, cuando fue aprobada por unanimidad de los grupos en el pleno de la Cámara gallega. Desde entonces, el paso del texto por el Congreso ha sufrido distintos retrasos hasta que en febrero de este año 2021, el pleno de la Cámara baja aceptó su admisión.
Con todo, hubo que esperar otros cuatro meses hasta que en junio la Mesa del Congreso desbloqueó la tramitación del borrador legislativo luego de varias prórrogas semanales concedidas al plazo de presentación de enmiendas.
Ahora, los grupos debatirán en el seno del grupo de trabajo constituido el pasado martes las proposiciones de cada formación. El foco estará puesto en la posible ruptura del consenso explicitado en la aprobación del texto en el año 2017, pues populares y socialistas han registrado enmiendas al documento original.
Los primeros defienden la necesidad de incluir en el texto definitivo mecanismos que garanticen que el traspaso venga acompañado de recursos económicos por parte de la Administración central, mientras que los socialistas plantean que la titularidad de la infraestructura quede en manos del Estado y la Xunta reciba las competencias en materia de gestión.
Paralelamente, este verano entraron en vigor rebajas en los peajes en la AP-9. Con el nuevo decreto, el Estado pagará más de un tercio de los peajes, con una cuantía de 2.300 millones hasta el año 2048.
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