Afirma que la contratación denunciada "se hizo reglada con contratos que lleva una asesoría", por lo que cree que "está todo en orden"
PONTEVEDRA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Diputación de Pontevedra y del PP de la provincia, Rafael Louzán, ha explicado, tras acudir este martes a declarar ante el fiscal de delitos económicos acompañado por su esposa y con asistencia letrada, que "se trata de una denuncia anónima" y ha comentado que "últimamente estas circunstancias suelen suceder", que enmarca "dentro del ámbito privado".
En concreto la denuncia se refiere a tres locales ubicados en Vigo (Pontevedra) que figuran en la declaración de patrimonio del presidente de la Diputación provincial colgada en la página web de la institución.
Fuentes de la Fiscalía confirmaron que Rafael Louzán "no está imputado" y que en un par de semanas se decidirá si se archiva el caso o se formaliza una denuncia y se solicita la imputación del político del PP. Así, Louzán es considerado sujeto investigado y fue llamado a declarar ante el fiscal de delitos económicos, Augusto Santaló.
"Esta contratación se hizo en el año 2008, reglada con contratos que lleva una asesoría. O sea que, en principio, está todo en orden y reglamentariamente bien para que no haya ningún tipo de duda", declaró Louzán en una comparecencia ante los medios.
"Aquí lo que se analiza es si el precio está por encima del valor del mercado. Una cuestión difícil de saber porque del año 2008 a hoy hay una diferencia evidente", valoró.
Esta denuncia procede del 11 de marzo del año 2013, según pudo comprobar el propio Louzán "por el matasellos del sobre que contenía la denuncia, contenida en dos hojas, en las que se pide que se abra una investigación sobre mi persona y mi entorno familiar", ha dicho.
ALQUILADOS
Estos locales tienen actividad comercial y están alquilados para un negocio de pastelería-panadería a Severino Reguera Varela, concejal de Pazos de Borbén (PP) y diputado provincial. "Es una cuestión totalmente reglada y con los precios de mercado en aquel entonces y además yo quise hacerlo, para que no hubiera ningún tipo de dudas, con una asesoría de Pontevedra que fue la que analizó los precios de mercado", ha aseverado.
Precisamente ésa es la clave de esta investigación, según indicó Louzán, "lo que se investiga es si los precios que se están pagando por el alquiler son precios de mercado o no", dijo el presidente de la Diputación, que agradeció la colaboración de la Fiscalía de Pontevedra. "Porque yo quería ver esa denuncia y quería ver también el informe de Hacienda", ha manifestado, para añadir que está al corriente del pago de impuestos desde el año 2008.
"Como pueden entender es una cuestión del ámbito privado que nada tiene que ver con esta institución", destacó el mandatario provincial, quien explicó que entró, "como cualquier ciudadano", por la puerta principal del edificio de los juzgados de A Parda, entorno a las 9,30 horas.
La presencia en el edificio judicial fue bastante breve y poco después el presidente de la Diputación, por indicación de la Fiscalía, abandonó el edificio por la salida trasera a pie junto a su esposa hasta un vehículo aparcado a 700 metros del recinto.
"Nos invitaron a salir por el sitio por donde habitualmente salen ellos", completó Louzán. "No tengo nada que ocultar. Si no tampoco estaría aquí compareciendo", concluyó.
