La Xunta calcula que casi 200.000 gallegos se acogieron a la figura de los pactos sucesorios entre 2016 y 2021
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 May. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha considerado "injusto" el fallo del Tribunal Constitucional (TC), que ha avalado que se tributen en el Impuesto Sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) las denominadas 'herencias en vida' al considerar que no hay doble imposición porque la capacidad económica que tributa en dicho impuesto es distinta de la gravada en el impuesto sobre sucesiones y donaciones.
Al tiempo, preguntado sobre si se plantea buscar alguna vía para compensar a quienes puedan sufrir el impacto de esta decisión mediante la normativa autonómica, ha abierto la puerta a estudiar "si hay posibilidades" de articular compensaciones para los "afectados".
En concreto, en la pasada jornada se hizo público que los magistrados del Pleno del TC desestimaron el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Xunta contra la tributación en el IRPF de los bienes recibidos en virtud de pactos y contratos sucesorios, en los que una persona entrega en vida a uno de sus herederos unos determinados bienes a cambio de no heredarle el día de mañana.
Fue en mayo de 2022 cuando el órgano de garantías admitió a trámite el recurso de la Xunta con la ley estatal de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que obliga a pagar los correspondientes impuestos por bienes de herencias en vida de hasta un millón de euros que se vendan antes de cinco años.
En 2021, el Gobierno y la Xunta accedieron a negociar en relación a las discrepancias manifestadas por el artículo tercero de esta ley, que modifica cuestiones relacionadas con el IRPF, así como con la disposición transitoria primera 4 sobre la entrada en vigor de la reforma. Sin embargo, no se alcanzó acuerdo, y el asunto acabó en el Constitucional.
CASI 200.000 POTENCIALES AFECTADOS
A preguntas de los medios, tras la reunión semanal de su Ejecutivo, Rueda ha asegurado que, "desde el respeto", lamenta la decisión del TC y ha incidido en que "muchísimas personas" se acogieron a un modelo que ha identificado como "una institución del derecho civil gallego".
La Xunta calcula que los potenciales afectados por esta decisión rozan los 200.000 (los que se acogieron a pactos sucesorios desde 2016 hasta 2021, cuando la ley estatal vetó los beneficios fiscales de este modelo).
EQUIPARAR DONACIONES CON PACTOS SUCESORIOS, "INJUSTO" PARA RUEDA
"Creemos que es injusto equiparar las donaciones con pactos sucesorios y que supone doble imposición para muchas familias gallegas", ha afeado Rueda, quien ha incidido en que "se prespupone un afán defraudador" por parte de los miles de gallegos que se acogen a este modelo.
"Lamentamos una subida fiscal impulsada por el Gobierno central que afectará a muchos gallegos y que va en contra de una institución de nuestro derecho civil", ha remarcado, antes de insistir en que los juristas de la Xunta "veían argumentos jurídicos" sólidos para sustentar el recurso autonómico. "Los dos votos particulares del TC lo confirman", ha apostillado.
"VEREMOS LAS CONSECUENCIAS Y SI HAY POSIBILIDADES DE COMPENSAR"
Preguntado acerca de si se plantea impulsar cambios en la normativa fiscal autonómica para compensar los efectos de la decisión del TC, Rueda ha replicado que "la solución normal" era que el Gobierno hubiera atendido a los planteamientos de la Xunta, y ha recordado que él mismo participó en su día en alguna comisión bilateral encaminada a ello, que no dio resultados positivos a las pretensiones gallegas.
En todo caso, se ha abierto a estudiar si hay opciones de compensación tras analizar "los efectos socioeconómicos" de una sentencia que tiene "un número muy elevado" de potenciales afectados --casi 200.000, según han precisado posteriormente fuentes de la Administración autonómica--.
"Veremos las consecuencias y si hay posibilidades de compensarlos", ha aseverado el presidente, aunque ha admitido que hacerlo supondría "un esfuerzo de la hacienda autonómica y de todos los gallegos" para paliar una decisión que ha reprochado reiteradamente al Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez.
