VIGO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Administración del Puerto de Vigo ha dado luz verde este viernes a la eventual adjudicación de la concesión de terrenos y lámina de agua del antiguo astillero Vulcano, unos 18.000 metros cuadrados, al actual propietario de la unidad productiva, Astilleros San Enrique, los únicos que presentaron oferta por esa concesión.
Según ha explicado en rueda de prensa el presidente de la Autoridad Portuaria, Jesús Vázquez Almuíña, la comisión técnica encargada del proceso ha analizado la única oferta presentada, la de San Enrique (tras la que está el empresario José Alberto Barreras), que contempla un proyecto industrial para construcción --un 60 % de la actividad-- y reparación naval u otras actividades complementarias --un 40 %--.
La oferta también prevé inversiones por 1,85 millones de euros destinadas a obras de adecuación de las instalaciones, medidas de seguridad anticontaminación e instalación de placas fotovoltaicas. Con respecto al personal, San Enrique se compromete a contratar en un primer momento a 28 trabajadores directos, con la intención de ampliar la plantilla hasta 79 operarios, a los que se sumarían los trabajadores de empresas auxiliares y subcontratas.
Además, San Enrique avanza que prevé un negocio de 10 millones de euros al año. En lo que respecta a la viabilidad económica de la oferta, la comisión técnica que lo ha valorado le ha dado una puntuación de 24,2 sobre 30 puntos posibles (siendo 15 la puntuación mínima requerida para considerar la oferta).
Vázquez Almuíña ha señalado que la oferta ha sido aprobada y ahora será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, abriéndose un plazo de 20 días para la presentación de posibles alegaciones. Si no las hubiera, se produciría la adjudicación definitiva por el Consejo de Administración del Puerto, para un período de 15 años. "Esperamos que, en breve, ya estén trabajando allí", ha señalado el presidente del organismo portuario.
Con todo, ha apuntado que, dentro de las condiciones de la adjudicación, está el plazo de 24 meses para ejecutar las inversiones comprometidas, y ha confirmado que la Autoridad Portuaria hará "un control exhaustivo" del cumplimiento de esas condiciones.
