La Fiscalía cree que el empresario pagó servicios de prostitución al trabajador público a cambio de beneficios en adjudicaciones
VIGO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
El juicio contra el gerente de la constructora Eiriña y contra un alto funcionario del Ayuntamiento de Vigo, acusados de soborno, y que se iba celebrar durante esta semana en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, ha quedado suspendido este martes debido a la falta de una testigo.
Fuentes judiciales han explicado que, por el momento, no se ha fijado una nueva fecha para esta vista, que ya fue suspendida el pasado mes de noviembre porque no comparecieron dos de las 20 personas que habían sido citadas para realizar la selección del tribunal de jurado.
El caso se deriva de una de las piezas separadas de la conocida como Operación Patos, que investigó supuestos amaños, prevaricación, tráfico de influencias y otros delitos, en relación a la adjudicación de obras públicas en localidades de la provincia de Pontevedra.
El juicio que ha sido suspendido se iba a celebrar contra un empresario, Enrique A.P., considerado por los investigadores el 'conseguidor' de la trama, y el funcionario Álvaro C.C., jefe de servicio del departamento de Fomento del Ayuntamiento de Vigo.
En concreto, se acusa a estas personas de un supuesto delito de soborno por el que la Fiscalía pide para el empresario nueve meses de prisión; y un año de cárcel y tres años de inhabilitación para el trabajador público.
Según afirma el Ministerio Fiscal, en 2013 y 2014, el funcionario tuvo al menos dos citas con prostitutas concertadas y pagadas por el empresario. Así, apunta que estos servicios fueron una atención del constructor a este hombre por su cargo y responsabilidad en el Ayuntamiento, donde participaba en procesos de adjudicación de obras.
OPERACIÓN PATOS
La investigación de esa trama saltó a la luz pública en febrero de 2014, cuando fueron detenidos cuatro empresarios y un concejal de Nigrán. A lo largo de la instrucción judicial llegaron a estar investigados casi medio centenar de empresarios, políticos y funcionarios de Vigo y otras localidades de la provincia, y la causa se separó en varias piezas.
No obstante, casi todos los procedimientos fueron archivados porque, según indicó la Fiscalía en su día, muchos de los hechos y comportamientos, si bien "reprochables", no eran calificables como delitos.
De los múltiples frentes abiertos por la Operación Patos, solo llegaron a juicio cuatro piezas: una relativa a obras en Nigrán, que se saldó con un acuerdo de conformidad; otra por la adjudicación de una obra en el Puerto de Vigo (en la que tanto el gerente de Eiriña como los otros acusados fueron absueltos); el caso de una adjudicación de una obra de un campo de fútbol en Moraña (que se juzgó el pasado mes en Pontevedra, con Rafael Louzán y la delegada de la Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro, entre los acusados); y el caso de supuesto soborno mediante el pago de servicios de prostitución, cuyo juicio ha sido suspendido y aplazado hasta mediados de diciembre.
