ARCA solicita a Cort no ampliar el espacio ocupado por terrazas por seguridad ciudadana e imagen de Palma

PALMA DE MALLORCA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Revitalización de los Centros Antiguos (ARCA) ha solicitado a Cort que no se amplíe el espacio ocupado por terrazas por una cuestión, ha asegurado, de seguridad ciudadana y de imagen de la ciudad.

Según ha informado ARCA en un comunicado, la normativa de terrazas del Ayuntamiento de Palma actualmente solo garantiza dos o 2,5 metros de paso para los peatones. Al respecto, ha advertido que pretender acortar el espacio de paso o ampliar las terrazas ocupando fachadas vecinas sería una usurpación de derechos colectivos y un perjuicio de la imagen de la ciudad.

Además, ha hecho hincapié en que es previsible un incremento de los desplazamientos a pie para, de este modo, evitar aglomeraciones del transporte público. Un hecho, ha asegurado, que unido a pretender reducir los dos o 2,5 metros de espacio seria condenar a riesgo de contagio a quienes elijan desplazarse caminando. También, ha añadido, el cierre de plásticos favorecería los contagios.

MODIFICACIÓN DE LA NORMA DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA, "INSUFICIENTE"

En cuanto a la modificación de la normativa de la Ocupación de la Vía Pública de Palma, ARCA ha considerado que las medidas que incluía dicho cambio --quitar los toldos y recoger los instrumentos en el interior del local-- ha sido "insuficiente" porque, ha asegurado, no garantiza el respeto estético de la ciudad.

Por este motivo, ha advertido que la crisis económica no ha de ser una excusa para un "campe quien pueda" en materia de respeto a la ciudad de Palma en todos los aspectos.

ARCA ha asegurado, en este sentido, que siempre ha defendido las terrazas. Si bien, ha matizando, lo ha hecho "siempre que sea con moderación y respeto" porque es cuando "todos salen beneficiados."

De otro lado, ha afirmado, comprende la angustia que provoca la pérdida de parte del negocio, pero, ha concluido, las propuestas de ampliar y ocupar más espacio pone en peligro los derechos de la ciudadanía y no garantiza mayor beneficio económico.