PALMA DE MALLORCA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los acusados por el 'caso Mar Blau', que investigaba contrataciones públicas irregulares en el sector náutico en 2002, han llegado este miércoles a un acuerdo con el Ministerio Fiscal por el que no deberán ingresar en prisión y, en concreto, los tres condenados que han aceptado los cargos deberán pagar una sanción total de 8.490 euros. El resto de acusados, incluido Francesc Triay, han sido absueltos.
De esta manera, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha cerrado este caso en el que estaban investigadas una docena de personas, entre ellas el exdirector de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Ángel de Matías, y el empresario y expresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán.
A Matías, a quien inicialmente la Fiscalía le pedía 18 años y ocho meses de cárcel, la pena le ha quedado reducida a pagar 4.050 euros. De esta cantidad, 1.350 son en sustitución de una pena de cárcel de nueve meses por el delito de prevaricación y 2.700 euros por el delito de cooperador necesario para la alteración de subastas y concurso público.
Díaz Ferrán, que se enfrentaba a una pena de tres años y medio, ha sido condenado a pagar 2.640 euros. De esta cantidad, 1.680 son en sustitución por una pena de cárcel de siete meses y 960 en concepto de multa. Ha sido condenado como responsable de un delito de alteración de subastas y concurso público.
Asimismo, un tercer condenado deberá pagar 1.800 euros como cooperador necesario por este mismo delito. Para rebajar la condena, y llegar al pacto, el representante del Ministerio Fiscal, Juan Carrau, ha tenido en cuenta para todos los acusados la atenuante de dilaciones indebidas pues el caso empezó a instruirse en 2008.
Respecto a la investigación del delito de cohecho por la compra-venta de un apartamento en Formentera, Carrau ha dicho que a la vista de las pruebas presentadas, una vez ya se había abierto el procedimiento, y tras analizarlas, considera que "no hay elementos" suficientes para mantener la investigación de este delito. Asimismo, el resto de delitos conectados al cohecho han prescrito.
En concreto, la Fiscalía da por probado que Matías se concertó con empresarios del sector náutico para realizar actuaciones que evitaban "cumplir la legalidad" sobre contrataciones públicas y que suponían un "favorecimiento arbitrario" a determinadas empresas. Estas gestiones estuvieron relacionadas con la adjudicación de puestos de amarre en el Muelle de Levante del Puerto de Mahón y la gestión de amarres de La Sabina (Formentera).
