Coincidiendo con el noveno aniversario de la reforma laboral del PP, los sindicatos salen a la calle para impulsar la negociación
PALMA/MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
CCOO y UGT en Baleares han anunciado que se concentrarán este jueves frente a la Delegación del Gobierno para pedir que se suba el salario mínimo interprofesional (SMI), actualmente congelado en 950 euros mensuales, y de la derogación de las últimas reformas laborales y de las pensiones de 2013.
De este modo, se unen a la convocatoria de más de 50 concentraciones ante las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno de todas las provincias españolas. En Palma, los secretarios generales de UGT y CCOO Baleares, Alejandro Texías y José Luis García, respectivamente, entregarán el manifiesto con dichas reivindicaciones a la delegada del Gobierno, Aina Calvo, acompañados por un pequeño grupo de miembros de ambos sindicatos.
Bajo el lema 'Ahora Sí Toca', los sindicatos animan a participar en estas movilizaciones para que el Gobierno impulse todas las mesas de negociación que se aparcaron con la llegada del coronavirus y que consideran "imprescindibles" para salir de la actual crisis económica.
Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, participarán en la concentración de Madrid, que se llevará a cabo a mediodía frente al Ministerio de Asuntos Económicos, con el cumplimiento de las medidas de seguridad por el coronavirus.
CCOO y UGT aseguran que no existen razones para no subir el SMI y argumentan que otros países, también golpeados por la crisis del Covid, están aumentando esta renta mínima.
Los sindicatos reclaman además la derogación de las reformas laborales "de manera inmediata", sustituyendo los aspectos fundamentales de las mismas por nuevos elementos que permitan superar los graves problemas del mercado laboral, todo con el objetivo de crear empleo "digno, decente y con derechos".
Se da la circunstancia de que este miércoles se cumplen nueve años de la reforma laboral de 2012, cuya derogación vienen reclamando los sindicatos desde hace mucho tiempo.
"Es evidente el rotundo fracaso de una norma que ha agravado todos los problemas endémicos de nuestro mercado de trabajo: desempleo, temporalidad, precariedad, bajos salarios, irregularidades en la contratación, trabajo ilegal, falsos autónomos o mínima formación y reciclaje de los trabajadores", ha denunciado UGT en un comunicado con motivo del noveno aniversario de la reforma.
El sindicato de Pepe Álvarez ha argumentado estas afirmaciones con datos: la tasa de temporalidad es ahora superior a la existente en 2011, cuando era del 25,1%, y los contratos temporales con una duración inicial inferior a siete días representaban en 2019 el 27,3%, siete puntos más que en 2011.
"La reforma laboral alienta el despido en lugar de favorecer la flexibilidad interna negociada, por lo que, en la situación actual, puede favorecer otra debacle del empleo", avisan desde UGT.
DEROGACIÓN DE LA REFORMA DE PENSIONES DE 2013
Además, ambas organizaciones demandan la derogación de la reforma de pensiones de 2013 para que las pensiones se revaloricen cada año por ley conforme al IPC, se derogue definitivamente el factor de sostenibilidad y se asegure la viabilidad y sostenibilidad del sistema público.
"Es el momento. Ahora sí toca impulsar las medidas necesarias para que nadie se quede atrás. Los sindicatos hemos trabajado durante la pandemia para sostener a las empresas y las personas trabajadoras de este país. Las personas han cumplido con su responsabilidad para sostener los sectores productivos de nuestra economía. Ahora, el Gobierno debe dar un paso hacia adelante y comenzar a implementar las medidas comprometidas a todos los estamentos de la sociedad", defienden los sindicatos.
Según han informado este miércoles CCOO y UGT, sindicatos internacionales han remitido cartas de apoyo a las movilizaciones que han convocado para mañana.
Para los sindicatos internacionales, los fondos europeos de reconstrucción deben ser otra clave para relanzar la economía y el empleo en los próximos años, por lo que UGT y CCOO han demandado al Gobierno que deje claro que la UE no ha condicionado la recepción de estos recursos a cuestiones de política interior como la legislación laboral o de pensiones.
