PALMA DE MALLORCA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -
El jefe de la Sección Técnico del Dominio Público de la Demarcación de Costas en Baleares, Francisco Sánchez, ha señalado que todas las edificaciones que se encuentran en situación irregular en las islas tras la aprobación de la Ley de Costas "tarde o temprano tendrán que adaptarse" a la normativa.
Cabe señalar que Baleares es, debido a su geografía, la segunda comunidad autónoma con mayor kilometraje de costas, con un total de 1.428 kilómetros, de los cuales Mallorca (623 kilómetros), Menorca (299), Ibiza (239), Formentera (85), Cabrera (40) y otros islotes (142 km), por lo que la Ley de Costas afecta de manera muy directa a la comunidad y, sobre todo, a las transacciones inmobiliarias
Sánchez ha impartido una charla en la sede del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria acerca de las repercusiones que ha tenido la Ley de Costas en la geografía española, en la que ha detallado que una vez quedó deslindado todo el terreno de dominio público de las costa balear, algunas edificaciones quedaron en situación irregular.
El experto ha indicado que actualmente la Demarcación de Costas no inspecciona de manera individualizada cada caso para comprobar su situación y que, por tanto, deben ser los propios propietarios los que informe de su situación, para tratar de regularizarla de acuerdo a la ley, mediante la aportación de pruebas suficientes que ratifiquen su adaptación. En caso de no adaptarse, serían expropiadas y posteriormente demolidas, ha aseverado.
En cualquier caso, Sánchez ha advertido de que todas estas construcciones en algún momento se verán obligadas a adaptarse a la ley, puesto que la vía útil de las edificaciones es limitada y en algún momento se verán obligadas a realizar reformas para su mantenimiento o modificación.
De este modo, aquellas viviendas que por ejemplo hayan quedado dentro de la zona de dominio público tendrán que ser adaptadas o bien demolidas.
Durante la conferencia, Sánchez ha explicado que la Ley de Costas lleva en vigor 23 años con el objetivo de regular el uso público de las zonas marítimo terrestres de dominio público, las cuales se concretaron con el deslinde de toda la costa que define el carácter del terreno.
Sánchez ha indicado que existen propiedades que fueron construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas que han quedado dentro del dominio público y que deben ser regularizadas. De hecho, ha afirmado que hasta la aprobación de la Ley del Suelo en 1956 se podía incluso construir sin necesidad de contar con una licencia.
"HAY QUE ESTUDIAR CADA CASO"
No obstante, ha insistido en que lo que procedería es que los respectivos propietarios trataran de regularizar sus edificaciones, ya que de lo contrario su fecha de caducidad sería "incierta" e incluso algunas de ellas podrían estar "condenadas". En cualquier caso, el jefe de la Sección Técnica del Dominio de la Demarcación de Costas en las islas ha precisado que se debería estudiar cada caso para comprobar si es pertinente la demolición o si tan sólo deben adaptarse.
Respecto a las edificaciones que hay construidas en acantilados cercanos al mar como las que se pueden dar en zonas como las de Cala Pi, en la costa mallorquina, ha detallado que la normativa establece que, en zonas de servidumbre de protección, no se pueden construir nuevas residencias a menos de 20 metros (medidos de manera horizontal) de la ribera del mar en el caso de suelo urbano y 100 metros en suelo rústico.
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