PALMA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un investigador de la Guardia Civil ha sostenido este martes que denuncias a determinados locales de ocio de Magaluf que supuestamente recibían trato de favor se "perdían por el camino" y no llegaban a tramitarse en el Ayuntamiento de Calvià.
En la sesión de este martes del juicio contra un grupo de policías locales de Calvià y empresarios acusados de extorsionar a locales de la competencia, el agente ha descargado en todo caso de esta responsabilidad a los agentes rasos y ha apuntado a los mandos.
En concreto, en algún momento de la declaración se ha referido a uno de los acusados, el exjefe de Policía Local de Marratxí que fue agente en Calvià, Antonio Ledesma, que según el investigador tenía en su domicilio una copia del agente de una denuncia tráfico.
Para el investigador, aunque este hecho en concreto no tenga relevancia en la investigación ni relación directa sí que da a entender que tenía capacidad de acceso a los boletines que redactaban los agentes y que debían tramitarse en el departamento correspondiente del Ayuntamiento. "Nunca hemos defendido que fueran los agentes rasos los que hicieran un trato de favor. Es una irregularidad que tuviera en su domicilio el ejemplar para el agente", ha añadido.
Según este testigo, que investigó los hechos en 2013 el grupo empresarial al que pertenecen los dos empresarios acusados figuraba entre los más beneficiados, por detrás de otros como Cursach, en cuanto a la tramitación de sanciones. Al parecer, de todos los expedientes de sanción que se redactaban, pocos llegaban a incoarse.
En todo caso, ha matizado que al tratarse de dos grupos potentes y con multitud de locales, era lógico que fueran los grupos sobre los cuales más expedientes se tramitaran.
En la Audiencia Provincial sigue el juicio contra el exjefe de la Policía Local de Calvià, otros tres agentes y dos empresarios acusados de varios delitos de extorsión, amenazas y corrupción, entre otros. La Fiscalía pide para todos ellos penas de prisión que rozan los 30 años, así como penas de inhabilitación para los funcionarios públicos.
Cabe recordar que, según la acusación que realiza el Ministerio Público, dos de los policías locales, el exjefe de Calvià, José Antonio Navarro, y el exjefe de Marratxí, Antonio Ledesma, también habrían obtenido beneficios trabajando directamente como asesores laborales para las empresas, cobrando las facturas a través de sociedades a nombre de terceras personas.
