Vives ya anunció que antes de diciembre de 2009 aprobará una nueva Ley de Comercio para que Balears se adapte a la Directiva Bolkenstein
PALMA DE MALLORCA, 13 May. (EUROPA PRESS) -
El Parlament aprobó hoy con el asentimiento de todos los grupos dos puntos de una moción presentada por el PP, mediante los cuales se instó al Govern a presentar el Proyecto de Ley de transposición y adaptación de la Ley de ordenación de la actividad comercial de Baleares a la Directiva Bolkenstein, así como a establecer un periodo de adaptación progresiva de la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos con la publicación de un calendario.
No obstante, estos puntos se aprobaron por unanimidad, después de que los 'populares' aceptaran retirar de los mismos los plazos propuestos para llevar a cabo la adaptación de la vigente Ley de Comercio a la Directiva Bolkenstein (antes de junio de 2008) y el establecimiento de un proceso de adaptación progresiva de la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (en el plazo de un mes).
Por el contrario, la Cámara rechazó, con los votos del PSIB, UM y Bloc los puntos de la citada iniciativa a través de los cuales se instaba al Govern a constituir una Agencia de Transposición de la Directiva Bolkenstein para Baleares, mediante la cual se identificasen en un plazo de un mes las normas, los procedimientos y las actas afectadas por la Directiva para, posteriormente, modificar las leyes y las normativas correspondientes.
El parlamentario del PP y ex-conseller de Comercio, Josep Juan Cardona, apuntó que el Gobierno central no tiene ninguna competencia para transponer en Baleares la Ley de Comercio a la Directiva Bolkenstein y, por tanto, recalcó que esta adaptación la debe llevar a cabo el Ejecutivo Autonómico "sin pedir permiso" a la administración presidida por José Luis Rodríguez Zapatero.
Cardona defendió la citada moción dos semanas después de que la consellera de Comercio, Francesca Vivas, se comprometiera en el Parlament a aprobar antes de diciembre de 2009 una nueva Ley de Comercio, que supondrá la suspensión de la moratoria de las grandes superficies aprobada por el Ejecutivo de Jaume Matas en 2005, con el fin de adaptarse a la Directiva Bolkenstein aprobada por el Parlamento europeo.
Así, la parlamentaria socialista Margarita Mercadal aseveró que lo que plantea el PP en su moción ya se está llevando a cabo por parte del Govern y, en este sentido, resaltó que "no existe ningún peligro de incumplir los plazos", de forma que Baleares se habrá adaptado a la Directiva Bolkenstein antes del 28 de diciembre de 2009, tal como obliga el Parlamento europeo, para lo cual, se deberá revisar la actual Ley de Comercio.
En esta línea, afirmó que el PSIB tiene la "absoluta tranquilidad" de que el Ejecutivo de Antich será "diligente y tendrá los deberes acabados" antes del plazo máximo fijado para adaptarse a la citada Directiva de servicios.
"MIEDO A LA INVASIÓN DE COMPETENCIAS"
Por su parte, el parlamentario de UM Josep Melià aseveró que su grupo comparte el "miedo" del PP, respecto a la posibilidad de que la administración central "invada competencias" del Govern en la adaptación a la Directiva Bolkenstein, mientras que el dirigente del Bloc Antoni Alorda consideró "imprescindible" la colaboración a nivel estatal para llevar a cabo la transposición, dado que la citada Directiva "afecta a más de 300 normas de Baleares".
Vives avanzó en el Pleno del Parlament celebrado el 29 de abril que antes del verano, presentará a los grupos un borrador de la nueva Ley de Comercio, que contemplará la modificación del 50 por ciento de los artículos de la actual Ley, que se han visto afectados por la Directiva Bolkenstein.
La consellera destacó que mientras no se apruebe la nueva normativa autonómica de Comercio, continuará vigente la moratoria de las grandes superficies, mientras que señaló que en los próximos meses, el Govern firmará con los Consells de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera unos convenios, con el objetivo de evitar que los grandes establecimientos puedan "campar a sus anchas". Para ello, las instituciones insulares deberán elaborar un plan director de equipamientos comerciales basado en criterios de "sostenibilidad, medio ambiente y bienestar de las personas".
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