PALMA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Parlament balear ha validado este martes, en sesión plenaria, el decreto 2/2022 para combatir la temporalidad en la administración pública, para reducirla al 8% y favorecer la estabilización de plazas interinas.
El decreto ha sido validado tras contar con los votos favorables de los partidos que apoyan 'El Pacte' --PSIB-PSOE, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca--, El PI y GxF. Mientras, Vox-Actúa Baleares ha votado en contra. El PP, Cs y MÉS per Menorca se han abstenido.
La consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, ha sido la encargada de defender este decreto que, ha asegurado, "pretende garantizar la estabilidad en la Administración Pública y acompañarla de seguridad jurídica". Todo ello, ha añadido, "de manera coordinada con las administraciones y los sindicatos" para aportar "agilidad, eficacia y eficiencia" al proceso.
Con estos objetivos, la consellera ha planteado la creación de una mesa de negociación específica, en la que puedan participar todas las administraciones públicas y sindicatos, ampliándose, de este modo, el ámbito de negociación; así como una comisión, a la que se han sumado un total de 64 administraciones y agentes sociales y económicos.
A favor de este decreto 2/2022 se ha posicionado la portavoz parlamentaria adjunta de Unidas Podemos, Esperana Sans, quien, no obstante, "ha pedido autocrítica a quienes han permitido agrandar la temporalidad e interinidad en las administraciones, en especial para no repetirlo en el futuro".
"Los interinos y temporales son victimas de una mala gestión de recursos humanos que se ha prolongado durante años", ha asegurado Sans, quien, asimismo, ha reclamado "trabajo colectivo" para que estos procesos se hagan con "agilidad" y que el talento y experiencia acumulada durante tantos años se quede en la Administración. También, eliminar la tasa de reposición y seguir apostando por la convocatoria de oposiciones para "rejuvenecer la administración". "Votamos sí al decreto como paso previo para reducir la temporalidad", ha hecho hincapié.
En este sentido, el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha pedido "entonar el mea culpa" ante una situación a la que, ha considerado, "no se debería haber llegado nunca". El portavoz de MÉS ha insistido en la necesidad de que la validación del decreto 2/2022 sea el "punto de partida" para "estabilizar" a los interinos y temporales.
Asimismo, la diputada socialista Pilar Carbonero defendido que la validación del decreto 2/2022 es un "paso de gigantes" para poner fin a una situación que, ha opinado, es "lamentable" y que, además, "no se puede perpetuar más". La socialista, como ha hecho la portavoz parlamentaria adjunta de Unidas Podemos, Esperana Sans, ha pedido acabar con las tasas de reposición cero y las legislaturas sin sacar plazas.
Por última, la diputada de El PI-Proposta per les Illes Balears, Maria Antnia Sureda, se ha posicionado a favor de la validación porque "hay que terminar con una problemática enquistada" como es el "abuso" de la temporalidad, que "supone precariedad para quienes tienen una necesidad estructural, estable y permanente en muchos casos".
En contra del mismo decreto, sin embargo, se ha posicionado la diputada de Vox-Actúa Baleares, Idoia Ribas, al considerar que "se trata de una normativa que todo y que en teoría pretende reducir la temporalidad, en la práctica, no soluciona nada" de una situación que, sin duda, es "inaceptable" y "estructural".
Además, Ribas ha lamentado que este decreto se haya hecho "sin escuchar a los afectados". "Hace falta una reforma contundente y no provisional para evitar que el fraude de ley se perpetúe".
Por su parte, MÉS per Menorca se ha abstenido dado que, ha dicho su portavoz parlamentario, Josep Castells, "la mesa de negociación colectiva genera muchos dudas". "Valoramos la voluntad de solucionar el problema pero tenemos dudas de la viabilidad jurídica de esta", ha apuntado.
También, el PP se ha abstenido porque, como ha dicho su diputado Juanma Lafuente, "el decreto 2/2022 será bueno o malo en función del uso que se haga del mismo".
Finalmente, se ha abstenido Cs, porque, ha manifestado su portavoz parlamentaria, Patricia Guasp, "no cumple con lo exigido por la Unión Europea, que lo que ha pedido ha sido crear la figura del personal fijo a extinguir". "Acuden a la ordinalidad para tratar de solventar un problema excepcional que se ha vuelto estructural", ha lamentado.
