El PSIB pide que paralizar la aportación de 41 millones de euros a Tirme por un contrato "inflado sin base legal"

PALMA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha presentado una reclamación formal para detener la modificación tarifaria del tratamiento de residuos en Mallorca y la aportación de 41 millones de euros a Tirme, porque el Consell de Mallorca habría "inflado" el contrato con recursos públicos "sin ninguna base legal, ni técnica".

Así lo ha confirmado la portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, al calificar como de una "gravedad extraordinaria", la operación aprobada a finales de julio a través de una modificación de crédito.

En un comunicado, Cladera ha explicado que la reclamación presentada por el PSIB incorpora las conclusiones del Informe definitivo de control financiero, que identifica "desequilibrios estructurales" en la fórmula tarifaria, prácticas de gestión financiera que "pueden comprometer la continuidad del servicio" e indicios de "rentabilidad excesiva impropios de un servicio público esencial".

"Es inadmisible que el Consell apruebe una subvención multimillonaria a una empresa privada cuando su propio órgano de control interno advierte que la metodología tarifaria es perversa, injustificada y profundamente perjudicial para la Administración", ha remarcado.

La portavoz ha recordado que la fórmula de la tarifa incorpora elementos que la Intervención considera contable, económica y jurídicamente "inadmisibles", como la actualización en base al IPC de las inversiones ejecutadas por el concesionario, al contravenir el principio de "coste histórico" y trasladar a la Administración "riesgos que corresponden al contratista".

"No solo no han hecho el trabajo, sino que ahora quieren tapar su incompetencia con dinero público. Es una mala praxis que no se puede tolerar", ha afirmado.

Asimismo, ha subrayado que la modificación de crédito de 41 millones de euros "vulnera" la normativa de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, según los informes de la Intervención General.

Igualmente, la reducción nominal del 10% de la tarifa anunciada por el Consell es una "trampa" que se consigue a "expensas de cargar el coste real sobre el presupuesto insular".

"Los informes son clarísimos y es que esta operación genera desequilibrios, compromete la liquidación del presupuesto y puede obligar al Consell a hacer un Plan Económico-Financiero. El gobierno insular actúa sin rigor, sin transparencia y sin ninguna prudencia financiera", ha dicho.

La portavoz del PSIB ha insistido que la subvención aprobada es contraria a la Directiva Europea de Residuos y a la Ley estatal 7/2022, que establecen que los costes de gestión "tienen que ser asumidos por los productores de los residuos y no por la administración".

Por estos motivos, ha acusado al Consell de asumir costes que "no le corresponden" y de "beneficiar una empresa que ya declara beneficios astronómicos", por lo que ha aseverado que es una decisión "injusta, ilegal y contraria al interés general".

Cladera ha solicitado al Consell que rectifique de manera "inmediata", pare los expedientes y garantice que las tarifas sean aprobadas con "transparencia, rigor y respecto a la legalidad".