PALMA DE MALLORCA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) - El tribunal encargado de juzgar a los 17 acusados del caso Nóos ha rechazado que Manos Limpias, acusación popular en la causa, sea expulsada del proceso, desestimando de ese modo la petición realizada por el abogado de Diego Torres -y a la que se adhirió la mayoría de defensas- de que el sindicato deje de ser parte en este procedimiento judicial. Se da la circunstancia de que el abogado de la Infanta Cristina se opuso a la pretensión del letrado a pesar de que Manos Limpias es la única acusación que ejerce acciones penales contra la exduquesa. Sí se adhirió a la petición, por el contrario, la defensa de Iñaki Urdangarin. El aluvión de críticas hacia el papel de Manos Limpias en virtud de las investigaciones de la Audiencia Nacional contra Ausbanc y el sindicato por presuntas extorsiones a entidades bancarias, llevó este miércoles a la presidenta del tribunal, Samantha Romero, a exigir "rigor" puesto que "no hay una sentencia firme contra nadie". "Hay que respetar el principio de presunción de inocencia", espetó. Tras anunciar el rechazo a la pretensión de Torres, la magistrada ha aseverado en esta línea que no cabe un pronunciamiento "anticipado" en este sentido, toda vez que, ha subrayado, "no va a añadir nada" a lo dispuesto en el auto con el que el pasado 29 de enero el tribunal acordó que la Infanta continúe en el banquillo de los acusados y rechazó por tanto que le fuese aplicada la denominada doctrina Botín. En esa resolución, de 85 páginas, la Sala cuestiona de forma tajante la tesis mantenida por el Tribunal Supremo sobre la doctrina Botín y subraya que ésta "no halla sustento en la norma procesal penal vigente ni puede ampararse en la voluntad del legislador" dirigida a garantizar que toda persona pueda ser parte en un proceso judicial. Asimismo, el tribunal ha rechazado incorporar a la causa testimonio alguno de las actuaciones de la AN en torno a Ausbanc, como así pidió el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, "en la medida en que las partes no han acreditado la imposibilidad de acceder a la información. El auxilio judicial sólo estaría justificado de ese modo". Por su parte, el abogado de Torres, Manuel González Peeters, ha formulado protesta contra la decisión de la Sala. En la intervención que efectuó este miércoles tras ser efectuada la petición de expulsión, la presidenta aseveró que "a los juristas hay que exigirles rigor. Parece que lo importante no es lo que sucede en esta sala, y eso no se puede tolerar. No tenemos una sentencia firme contra nadie y la presunción de inocencia lo es para todos los ciudadanos", incidió. Por su parte, la abogada que representa al sindicato en este procedimiento judicial, Virginia López Negrete, en su turno de palabra, recalcó que su cliente, como entidad jurídica, "no está siendo investigado ni ha sido imputado". "Tampoco hay ningún tipo de medida cautelar, y aún así esto no constituiría un motivo suficiente. La única forma de permitirlo sería la suspensión de la propia persona jurídica con la eliminación de los órganos de Manos Limpias, pero ésta está plenamente activa y con plena capacidad de seguir en este procedimiento", remachó. Tal y como remarcó, es "perfectamente legítima la presencia de esta acusación aquí, a pesar de que muchos pretendan desacreditar la personación de Manos Limpias en numerosos casos". Durante su intervención, la presidenta respondió a las defensas que los hechos investigados por la AN son un acto "presuntamente ilícito del que no se ha dado traslado a esta sala. Si el principio de presunción de inocencia rige para los acusados de esta causa, rige todavía más en una investigación que aún está en estado embrionario y de la que no tenemos conocimiento". Pese a esta advertencia, el abogado de Torres recriminó que se esté haciendo "un ejercicio proscrito de la acción popular", basándose para su alegato en una sentencia del conocido como caso Maquillaje, en una de cuyas piezas fue expulsada la acusación popular, ejercida por la entidad 'Democracia y Justicia', que reclamaba la absolución de la expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar. La presidenta volvió a tomar la palabra para advertirle de que la pretensión del letrado "no está basado en un hecho objetivo". "Interesa acotar su pretensión, lo que no puede hacer en base a un auto en el que se hace referencia a unos indicios; no hay sentencia firme en la que se declaren probados los hechos", insistió la magistrada. Por su parte, el abogado de la Infanta que está presente esta semana en el juicio, Juan Segarra, incidió en la conveniencia de que la actuación de Manos Limpias en este procedimiento se valore en sentencia, ya que a su juicio debe ser en esa fase en la que se determine si el sindicato ha ejercido la acusación "de forma espuria y si ha habido temeridad en su actuación". Tras ello fue el turno de Horrach, quien apoyó la petición de las defensas "ante la posibilidad de que no se defiendan intereses generales".
