MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional ha denunciado este sábado que las víctimas de las revueltas desatadas en Túnez hace un año siguen sin recibir la justicia que merecen, precisamente cuando se cumple el primer aniversario de la inmolación del joven vendedor ambulante tunecino Mohamed Bouazizi, que decidió prenderse fuego en una plaza pública para denunciar las injusticias de las que había sido objeto.
Amnistía ha pedido en un comunicado al nuevo Gobierno que cubra las necesidades de las víctimas y su derecho "a la verdad, la justicia y la reparación", con el objetivo de pasar página al "legado de abusos de Derechos Humanos" dejado por el régimen de Zine al Abidine Ben Alí, que abandonó el poder en enero tras semanas de manifestaciones.
El acto "desesperado" de Bouzazi derivó en una ola de protestas en Oriente Próximo y el norte de África. Sólo en Túnez, 234 personas murieron por la represión "brutal" de las fuerzas de seguridad, mientras que 74 prisioneros también fueron asesinados en este contexto de violencia, según datos de Amnistía.
La ONG ha subrayado que numerosos ciudadanos se han quejado de que la administración interina que sustituyó a Ben Alí no ha compensado a los muertos y heridos ni ha hecho lo suficiente para mejorar las condiciones de vida. En este sentido, muchos de los agresores siguen libres y algunos incluso han sido ascendidos.
Además, según Amnistía, el desmantelamiento del anterior cuerpo de seguridad no derivó también en la retirada de todos sus miembros, sino que muchos simplemente se han integrado en otras fuerzas.
Amnistía ha advertido de que la decisión del Gobierno de juzgar en tribunales militares a supuestos violadores de los Derechos Humanos puede hacer también que sus juicios no cumplan los estándares internacionales a los que Túnez está obligado.
Por otra parte, la organización ha puesto de manifiesto que la comisión que se constituyó en febrero para investigar los abusos ocurridos durante las protestas de diciembre de enero sigue, once meses después, sin publicar ningún tipo de resultado de sus investigaciones. Muchas de las víctimas han denunciado que la comisión no se ha puesto en contacto con ellos en todo este tiempo.
SIN COMPENSACIONES
En noviembre, tras una serie de protestas y huelgas de hambre protagonizadas por personas que habían sufrido heridas durante las manifestaciones, el Gobierno aprobó un decreto mediante el cual autorizaba compensaciones económicas y médicas para los damnificados y sus familias.
La madre de Rashad al Arabi, que quedó paralizado tras recibir un disparo en el pecho durante una protesta en Ben Arous, ha denunciado que este decreto no es suficiente, porque no implica ni verdad ni justicia para las víctimas. Lo considera "palabras sobre el papel" para "sedar" a quienes reclaman una mayor atención, "nada más".
Según Amnistía Internacional, los tunecinos también sienten que en todo este tiempo "sus peticiones económicas y sociales" han sido "ignoradas", lo que ha terminado por traducirse en las últimas semanas en nuevas concentraciones en lugares como Gafsa o Kasserine. Residentes de esta última población han trasladado a la ONG que en estas últimas protestas han sufrido abusos por parte de la Policía.
Sus casos se suman al de dos hombres arrestados en marzo por quemar una comisaría de Policía y que habrían sido golpeados de forma reiterada para que supuestamente firmasen una confesión incriminatoria.
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