El mandatario estadounidense confirma que "a corto plazo" no hay planes para que el primer ministro israelí visite Washington
MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha sostenido que está "muy preocupado" con la situación en Israel, afirmando que "no pueden continuar por este camino", en referencia a la reforma judicial propuesta por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que ha causado una oleada de protestas en el país.
"Como muchos fuertes defensores de Israel, estoy muy preocupado. Y me preocupa que solucionen esto, no pueden continuar por este camino. Y lo he dejado claro, espero que el primer ministro actúe de manera que intente conseguir algún tipo de compromiso genuino. Pero eso aún está por ver", ha declarado este martes el presidente.
También ha confirmado que "a corto plazo" no hay planes para que el primer ministro israelí visite Washington, y también niega haber hablado directamente con él.
Asimismo, ha reiterado que Estados Unidos no va a intervenir en Israel en ningún caso, después de negar este lunes haber financiado las multitudinarias manifestaciones contra el Gobierno: "No queremos intervenir. Es como si muchas cosas estuviesen implosionando en Estados Unidos, ¿qué pensaríamos si alguien...? Bueno, no voy ni a especular".
Biden espera que Netanyahu "se aleje" de la propuesta de ley, cuyos trámites se paralizaron este lunes. El primer ministro recalcó "no estar dispuesto a aceptar que haya una minoría de extremistas que estén dispuestos a destrozar nuestro país, y arrastrarnos a la guerra civil", una medida aplaudida por la oposición, que ha reclamado un diálogo para consensuar la reforma.
La declaración de Netanyahu llegó tras una jornada de masivas movilizaciones en el país que se vio secundada por un llamamiento a una huelga "histórica" por parte del presidente de la Histadrut --la organización de sindicatos de Israel--, Arnon Bar-David, a la que se sumaron funcionarios, trabajadores médicos y otros empleados públicos.
De salir adelante, la reforma daría al Gobierno control total sobre el nombramiento de jueces, incluidos los del Tribunal Supremo, y limitaría en gran medida la capacidad del tribunal de anular legislación que viole la Constitución, al tiempo que permitiría al Parlamento modificar leyes que consiga anular con una mayoría simple de 61 de los 120 diputados.
