CIUDAD DE MÉXICO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reprochado a las autoridades mexicanas la "falta de celeridad" en la resolución del caso de los 43 estudiantes de magisterio ('normalistas') desaparecidos en Iguala y les ha instado a investigar la implicación de policías y militares en estos hechos y su posible relación con el tráfico de drogas.
Un equipo de la CIDH ha concluido este viernes la visita que inició el pasado miércoles para constatar el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas en este caso, el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) y la marcha de las pesquisas.
La CIDH ha lamentado que, "a dos años y siete meses de los hechos, la situación y el paradero de los 43 desaparecidos continúan siendo desconocidos", que "no hay persona alguna en esta causa que esté siendo procesada bajo el tipo delictivo de desaparición forzada y que desde 2015 no se haya presentado ninguna nueva acusación".
"La CIDH expresa su preocupación por la falta de celeridad en alcanzar conclusiones tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el GIEI", ha dicho la delegación desplegada en México a través de un comunicado.
En concreto, ha criticado "las declaraciones públicas de altas autoridades que validan la hipótesis de que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula", cuando "el GIEI concluyó en su primer informe que el fuego mínimo necesario para la combustión de los cuerpos no era científicamente posible dadas la evidencias encontradas".
Así las cosas, ha señalado "los aspectos prioritarios a impulsar con el fin de alcanzar con celeridad avances satisfactorios en la búsqueda de verdad y justicia y reanudar el diálogo directo entre los familiares de los 43 estudiantes y las autoridades del Estado".
La CIDH ha reiterado "la importancia de examinar debidamente los indicios de involucramiento de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado en estos hechos y de profundizar en la participación que tuvieron las autoridades de los distintos niveles de Gobierno".
También ha pedido "profundizar con urgencia la línea de investigación sobre la posible conexión de los hechos con el traslado de estupefacientes hacia Estados Unidos" y para ello ha instado a México a "priorizar las solicitudes de asistencia jurídica al Gobierno estadounidense" y "las pruebas y diligencias en relación con el quinto autobús".
En la parte positiva, ha valorado "las gestiones administrativas efectuadas para la contratación de tecnología LIDAR para ser utilizada en la búsqueda de los estudiantes, los avances en la investigación de la telefonía y el establecimiento de un cronograma para tomar declaraciones de detenidos y otras personas".
Ha reconocido igualmente la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley General para Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que aún debe ser ratificada por el Senado. En este sentido, ha urgido a México a "dar pasos decisivos" para cumplir con los "estándares internacionales" en la materia.
La CIDH también ha reclamado al Gobierno de Enrique Peña Nieto que cree "una base de datos de fosas que pueda ser replicada en todas las entidades federativas". Según el último informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el número de personas desaparecidas en México ronda ya las 30.000, lo que representa un fuerte incremento en la última década.
LA VERSIÓN OFICIAL
De acuerdo con el relato oficial, los 43 'normalistas' desaparecieron en la madrugada del 26 al 27 de septiembre de 2014 cuando viajaban en cuatro autobuses desde Ayotzinapa, su municipio, hasta el vecino Iguala para recaudar fondos para poder ir a la conmemoración de la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre en Ciudad de México.
A la entrada de Iguala fueron interceptados por la Policía local por órdenes de María Ángeles Pineda, mujer del alcalde, José Luis Abarca, que no quería que los estudiantes de magisterio reventaran un acto oficial que tenía programado para ese día, como ya habían hecho en ocasiones anteriores.
'Normalistas' y policías se enfrentaron, éstos últimos haciendo uso de munición real, con un saldo de seis muertos y 25 heridos. Los 43 jóvenes restantes fueron metidos en furgones policiales y entregados a la Policía del vecino municipio de Cocula, quienes a su vez los dejaron en manos del cártel de Guerreros Unidos.
Guerreros Unidos había recibido la información de que los jóvenes eran miembros del grupo rival Los Rojos, por lo que fusilaron a los que quedaron vivos y prendieron fuego a sus cadáveres en el basurero municipal para después arrojar sus cenizas al río San Juan.
LA VERDAD DE LA CIDH
Esta versión de los hechos, que nunca fue aceptada por las familias y amigos de los 43 'normalistas', que han seguido defendiendo incansablemente que siguen vivos ('vivos se los llevaron, vivos los queremos') ha sido desmontada por la CIDH.
Los investigadores regionales han determinado que no hubo un solo enfrentamiento entre 'normalistas' y uniformados, sino que se produjeron hasta nueve en los que, además de policías municipales, intervinieron miembros de la Policía Federal y del Ejército.
La CIDH ha sostenido que las autoridades mexicanas tenían plenamente identificados a los 'normalistas' y sabían que no iban armados ni pretendían boicotear el acto oficial de Pineda, de modo que fue un ataque deliberado a civiles.
Además, para la CIDH resulta absolutamente imposible que fueran incinerados. La Procuraduría General de la República (PGR) afirma que el fuego duró 12 horas, pero forenses independientes han determinado que se necesitarían 60 horas para quemar 43 cuerpos humanos y que la llama y el humo habrían alcanzado una altura de 300 metros, lo cual habría llamado la atención de los vecinos, que habrían dado aviso a Bomberos, algo que no ocurrió.
El dato más importante que señala la CIDH en su informe sobre el caso es la existencia de un quinto autobús que no aparece en ningún momento en el expediente de la PGR, según la cual los 'normalistas' se desplazaron en cuatro autobuses hasta Iguala.
La CIDH apunta que los estudiantes de magisterio se apoderaron de un quinto autobús cuyo conductor les dejó tirados a la entrada de Iguala, de modo que los demás autobuses se desviaron a esta localidad --que no sería su destino final-- para ayudar a sus compañeros.
La importancia de este quinto autobús reside en que podría ser la clave para resolver el caso. Al parecer, existe una red de tráfico de droga desde Iguala a Estados Unidos que usa líneas comerciales para mover la mercancía sin levantar sospechas. "El negocio que se mueve en Iguala podría explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque que sufrieron los 'normalistas'", ha sugerido la CIDH.
