MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
La comisión del Senado de Brasil que investiga la gestión de la pandemia llevada a cabo por el Gobierno ha anunciado este martes su decisión de retirar del pliego final la acusación por genocidio contra el presidente, Jair Bolsonaro, que había desatado división en el seno del organismo durante los últimos días.
"El genocidio no era consenso, no había consenso entre ninguno, entre los juristas tampoco", ha dicho el presidente de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), Omar Aziz. "Entre los senadores, yo mismo dije que debía ser convencido", ha argüido.
"Lo más importante de esta reunión es que salimos unidos", ha valorado Aziz, según ha recogido el diario brasileño 'O Globo'. La CPI ha determinado que, si bien se retira la referencia al genocidio contra los indígenas, deberá constar en la versión final la previsión de imputación por crímenes contra la humanidad.
Así, la CPI atribuye a Bolsonaro "epidemia con resultado de muerte", infracción de las medidas sanitarias preventivas, uso ilegal de fondos públicos, incitación al crimen, falsificación de documentos, "charlatanismo", prevaricación y crímenes contra la humanidad.
Por otra parte, Aziz ha detallado que la CPI ha decidido igualmente no acusar al senador Flavio Bolsonaro, hijo del presidente, de delitos administrativos, mientras que tampoco será acusado el secretario especial de Salud Indígena del Ministerio de Sanidad, Robson Santos da Silva.
"No hubo ningún tipo de desvío por su parte en la conducción del trato que mantuvo. Hay una recomendación para profundizar la investigación sobre la cuestión indígena, tenemos mucho que investigar, pero no tenemos más tiempo para eso (en el seno de CPI)", ha remachado.
La organización Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) presentó en agosto una denuncia por genocidio contra Bolsonaro ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por su responsabilidad en la muerte de 1.162 personas de hasta 163 comunidades originarias por su gestión de la pandemia.
"Lo que vivimos durante la gestión del presidente Bolsonaro fue una explícita negativa a demarcar nuevas tierras. Al mismo tiempo, proyectos de ley, decretos y ordenanzas intentaban legalizar actividades ilícitas en territorios indígenas, lo que nos dejó sin protección legal", denunció Luiz Eloy Terena, coordinador jurídico de APIB y uno de los redactores de la denuncia.
El documento sostiene que Bolsonaro habría permitido por omisión de funciones en materia medioambiental que se produjera un genocidio, representado en el desmantelamiento de sus servicios públicos de protección social, permitiendo a su vez el asalto de sus tierras, deforestaciones ilegales e incendios provocados.
