NUEVA YORK, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Ejército de Estados Unidos está llevando de vuelta a su país a detenidos afganos que han pasado los últimos años en Guantánamo para que sean juzgados en procesos a puerta cerrada a los que se impide el acceso de abogados defensores y con escasas pruebas, a veces manipuladas, según abogados de los presos y organizaciones de Derechos Humanos.
Desde octubre de 2006, Estados Unidos ha transferido a aproximadamente 50 detenidos desde Guantánamo hasta Afganistán como parte de la política destinada a reducir la población de la prisión y que pretende, según el Gobierno norteamericano, acabar con el cierre de esta instalación militar.
Una vez en su país, muchos afganos se quedan en un limbo legal no muy diferente del que sufrían en la base de Cuba bajo custodia del Ejército estadounidense. "Estas personas son llevadas a procesos defectuosos que condenan a gente con pruebas inadecuadas y rompe numerosas normas de la ley afgana y los estándares de los Derechos Humanos", explicó Jonathan Horowitz, investigador de la firma One World Research, que trabaja con abogados en casos de Derechos Humanos y que ha seguido algunos de los casos de afganos.
Según 'The Washington Post', al menos 32 detenidos que fueron trasladados desde Guantánamo están bajo custodia en un ala de máxima seguridad de la prisión afgana de Pul i Charki, cerca de Kabul. Construida con fondos estadounidenses y abierta en abril de 2007, esta zona de la cárcel es conocida como el Bloque D o Bloque 4.
Muchos presos de este ala llevan encarcelados meses sin haber sido acusados de ningún delito o juzgados, según han revelado las entrevistas con familiares de los detenidos, abogados norteamericanos y afganos y un ex convicto.
PROTESTA EN LA PRISIÓN
Debido a esta situación, la frustración se hace dueña de la mayoría de los detenidos y de sus abogados. A principios de este año, unos 20 presos del Bloque D enviaron una carta a las autoridades de Kabul pidiéndoles una explicación por el retraso en sus casos. Al ver que no conseguían ninguna respuesta, muchos de ellos se cosieron la boca con alambres o hilos y comenzaron una huelga de hambre, explicó Hayatulah al Hashimi, ex viceministro de Justicia, tras visitar el centro de detención.
La protesta llevó al presidente afgano, Hamid Karzai, a enviar al Bloque D de la prisión a una delegación del Gobierno. Según Al Hashimi, los detenidos abandonaron la huelga de hambre después de que las autoridades prometieran revisar sus casos. "(Los presos) fueron muy determinantes. Nos dijeron 'Sólo queremos que nuestros casos se muevan'. Su problema es que quieren saber cuál va a ser su destino, y deberían saberlo. Es su derecho", señaló el ex ministro, citado por 'The Washington Post'.
Por su parte, Zalmay Rasul, consejero de seguridad nacional de Afganistán y supervisor de los detenidos, afirmó que el proceso legal en el Bloque D "no es perfecto", pero que muchos de los problemas provienen de la lucha para reconstruir la infraestructura judicial afgana por un conflicto que ha dañado los recursos.
Después de 30 años de conflictos sucesivos y el régimen autoritario de los talibán, Afganistán ha tenido que construir sus instituciones judiciales a partir de cero, añadió Rasul.
FINANCIACIÓN ESTADOUNIDENSE
Durante algunos años después de la invasión de Afganistán por parte de Estados Unidos en el otoño de 2001, los detenidos en Guantánamo eran puestos en libertad cuando regresaban a su país debido a la debilidad del Gobierno de Kabul y de sus infraestructuras.
Pero en 2005, las autoridades norteamericanas comenzaron a negociar un acuerdo por el que financiarían con 20 millones de dólares la construcción del Bloque D, el entrenamiento y aprendizaje de las autoridades de los centros de detención y el desarrollo de los mecanismos para poner en marcha el sistema judicial. Desde la invasión, Washington ha destinado al menos 160 millones de dólares para la reforma judicial de Afganistán, según datos del Departamento de Estado.
Entre los sospechosos que han sido juzgados desde entonces en el país asiático, se incluyen detenidos en Guantánamo así como más de 220 arrestados que fueron transferidos al Bloque D desde la prisión del Ejército estadounidense en la base aérea de Bagram.
"Intentamos asegurar que los juicios cumplan los estándares del Derecho Internacional. Proporcionamos orientación y formación. No están descuidados. (Pero) nosotros no lo controlamos... Son juicios afganos, corren a cargo de la ley afgana", explicó Sandra L. Hodgkinson, vicesecretaria adjunta para defensa de detenidos.
Según Hodgkinson, 83 detenidos han sido juzgados en Afganistán, con un índice de condenas de aproximadamente el 80 por ciento. En este sentido, afirmó que muchas de las sentencias ya han sido cumplidas, lo que significa, señaló, que estos afganos ya han sido puestos en libertad.
PRUEBAS APORTADAS
En cuanto a las pruebas contra los sospechosos, el fiscal general afgano, Abdul Jabar Sabit, indicó que la mayoría de las evidencias de los casos del Bloque D son aportadas por el Ejército estadounidense, pero que las autoridades afganas las revisan y en algunos casos tratan de conseguir pruebas adicionales antes del juicio para confirmar los cargos.
"Las pruebas que los americanos nos presentan son estudiadas de forma estricta. Si el grupo de evidencias no se atañen estrictamente a nuestras leyes, estoy bastante seguro de que los fiscales han dado los pasos correctos para conseguir las pruebas (...), entonces la persona es investigada de nuevo", destacó.
Pero abogados afganos y norteamericanos aseguran que el proceso que se sigue en el país asiático contra estos presos se basa en el utilizado por las autoridades estadounidenses en la base de Guantánamo, y denuncian que se han violado numerosas normativas del Derecho Internacional en los juicios de los presos del Bloque D. Además, afirman que en muchos casos los jueces no han llamado a testigos del caso o no han examinado determinadas pruebas.
En ocasiones, los abogados de los detenidos no han tenido acceso a los archivos de la investigación contra sus clientes y otras veces no han podido reunirse con éstos antes de los juicios. Los letrados han denunciado en algunos casos que han tenido muy poco tiempo antes de los juicios para preparar su exposición.
En al menos diez casos, los detenidos del Bloque D fueron juzgados sin sus abogados presentes en la sala, juicios que duraron menos de una hora y terminaron con sentencias de hasta 15 años de prisión, alertó Horowitz, de la firma One World Research, quien recientemente viajó a Afganistán para investigar algunos casos. Un responsable del Gobierno de Kabul confirmó que al menos en una ocasión fueron juzgados seis detenidos a la vez en menos de 90 minutos.
