MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
El primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha acusado este jueves la Fiscalía y la Policía de espiar en favor de otros países tras la publicación de una segunda grabación en la que presuntamente se recoge una conversación con su hijo que le implicaría en un escándalo de corrupción.
"La información más confidencial de mi país está siendo interceptada por espías que trabajan para otros países y la publican, mientras la Fiscalía y los jueces permanecen indiferentes ante ello", ha dicho Erdogan durante un discurso en la provincia de Burdur.
"Pregunto directamente al fiscal general: ¿Par qué país has llevado a cabo esas intercepciones? Pregunto también a la Policía, a los que están implicados en este caso: ¿Para qué país habéis realizado las intercepciones?", ha preguntado, según ha informado el diario turco 'Hurriyet'.
En la última grabación, la segunda publicada que presuntamente implica al primer ministro, Erdogan pide a su hijo que rechace la oferta de diez millones de dólares (unos 7,3 millones de euros) formulada por el propietario de Som Petrol, Sitki Ayan, que había conseguido incentivos libres de impuestos del Gobierno para construir oleoductos desde Irán, argumentando que la cantidad era demasiado baja.
"No lo aceptes. Ha de dar lo que ha prometido. Si no lo hace, no hay necesidad (de aceptar la oferta)", apunta la voz. "Los otros lo traen. ¿Por qué él no puede? ¿Qué se cree que es este negocio? (...) Pero no te preocupes, caerá en nuestras rodillas", agrega.
La grabación fue publicada por el usuario de Twitter @Haramzadeler, que ha filtrado varias grabaciones de altos cargos del Gobierno.
La misma ha sido filtrada apenas dos días después de la primera, en la que la voz atribuida a Erdogan pedía a su hijo que se deshaga de grandes cantidades de dinero el día en el que la Policía lanzó una vasta operación anticorrupción contra su Gobierno. Hasta el momento no se ha podido comprobar la autenticidad de las grabaciones.
Esta misma semana, varios medios de comunicación progubernamentles han denunciado la intercepción de las comunicaciones de miles de altos cargos del país, entre ellos políticos y empresarios, bajo las órdenes de fiscales vinculados con el influyente clérigo Fethulá Gulen.
BOICOT A LAS ESCUELAS DE HIZMET
Erdogan ha criticado veladamente a Gulen en las últimas semanas por su influencia en la Policía y el poder judicial en el marco de la operación contra la corrupción abierta en diciembre, que el primer ministro ha descrito como un intento de golpe de Estado.
Los años de desencuentros entre ambos se recrudecieron el mes pasado debido a un plan gubernamental para abolir escuelas privadas, incluyendo aquellas dirigidas por Hizmet. Este movimiento, que cuenta con millones de seguidores en Turquía y en el extranjero, controla cientos de escuelas e instituciones educativas.
Las críticas de Erdogan a Gulen han aumentado desde el mes de diciembre debido al estallido de un escándalo de corrupción y sobornos que ha afectado a varios altos cargos y que, según el primer ministro, tendría en su origen los movimientos en la sombra del clérigo para utilizar sus activos en la Policía y el aparato judicial.
Este mismo jueves, el primer ministro ha incrementado su retótica contra el Movimiento Hizmet de Gulen y ha solicitado que se boicoteen sus escuelas. "Abandonad sus escuelas y decid que las públicas son suficientes", ha dicho. "Las escuelas públicas serán suficiente. SI los padres quieren clases adicionales para sus hijos durante el fin de semana, lo haremos. Serán gratis", ha manifestado.
El Ejecutivo de Erdogan se ha visto debilitado a consecuencia del escándalo de corrupción, que derivó en la detención de destacados empresarios afines al primer ministro, y los hijos de tres ministros, dos de los cuales permanecen bajo custodia.
El Gobierno ha cesado y reasignado desde entonces a cientos de policías, jueces y fiscales responsables de la investigación y además ha promovido una reforma judicial para transferir el poder de nombrar jueces y fiscales del Consejo Supremo de Jueces y Fiscales al ministro de Justicia, lo que ha sido interpretado como un intento de limitar la independencia judicial en el país.
