MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -
La fundación del expresidente de Sudáfrica Jacob Zuma ha criticado la condena a 15 meses de cárcel emitida contra él por desacato y ha resaltado que el fallo "no es consistente" con la Constitución del país africano.
La sentencia fue emitida el martes por el Tribunal Constitucional después de que Zuma se negara a comparecer ante la comisión que investiga las acusaciones de corrupción que pesan contra él tras su salida del poder en 2018 en medio de la presión por diversos casos relacionados con sus lazos con la familia Gupta.
En respuesta, la fundación del exmandatario ha indicado que el veredicto "está marcado por las emociones y el enfado" del tribunal y ha subrayado que "los tribunales deben de actuar de forma independiente y sin sesgo".
La fundación ha señalado en un comunicado que la comisión de investigación tiene una función "muy importante", pero ha resaltado que "tiene los poderes que le ha dado el Parlamento", antes de incidir en que Zuma "nunca creyó estar por encima de la Constitución".
"Nuestro patrón ha expresado dudas sobre la legalidad de la Comisión Zondo, la forma sesgada en la que actúa y el hecho de que se haya convertido en un 'matadero' y un foro para verter todo tipo de acusaciones infundadas y difamatorias", ha explicado.
Por ello, ha recordado que Zuma pidió la recusación del juez que la encabeza, Raymond Zondo, y finalmente decidió dejar de comparecer después de que esta solicitud fuera rechazada, lo que llevó a Zondo a pedir al Constitucional que condenara al exmandatario por desacato.
"No es un crimen tener una disputa con una agencia administrativa como la Comisión Zondo", ha destacado la fundación de Zuma, que ha incidido que el expresidente "actuó de buena fe y buscaba que se respetara la ley".
"El principio de igualdad ante la ley se ha violado claramente y la Comisión Zondo contó con una ventaja en un caso que le fue adjudicado por los colegas de Zondo, a los que supervisa", ha criticado, al tiempo que ha añadido que "el sesgo judicial real o percibido es inaceptable en el orden constitucional".
El Constitucional indicó en su fallo que "el desacato de Zuma es condenable en el sentido más firme" y resaltó que tuvo tenido en cuenta en sus deliberaciones "las circunstancias únicas del asunto, la naturaleza de sus actos y la extensión de los mismos".
En este sentido, reseñó que los intentos de Zuma de "lograr la simpatía popular" con "acusaciones infundadas" suponen "una bofetada en la cara de la razón" y "un insulto a las autoridades constitucionales por las que muchos hombres y mujeres lucharon y perdieron la vida".
Zuma se convierte así en el primer presidente elegido democráticamente en Sudáfrica que es condenado a prisión desde que el Congreso Nacional Africano (ANC) --partido que encabezó entre 2007 y 2017, cuando fue apartado en un consejo interno por su vicepresidente, Cyril Ramaphosa-- se hizo con el poder en 1994.
LOS CASOS CONTRA ZUMA
El exmandatario hace frente además a un juicio por supuesta corrupción por cerca de 800 pagos que supuestamente recibió en conexión con una compra de armamento a la empresa francesa Thales para modernizar el aparato de defensa del país a finales de los noventa.
Los cargos contra Zuma se formularon hace una década, pero fueron aparcados por la Fiscalía de Sudáfrica poco antes de postularse para presidente en 2009. Tras la elección de Zuma, sus oponentes pelearon en una larga batalla legal para restablecer las acusaciones, lo que consiguieron en 2016.
El expresidente fue reemplazado como jefe del Estado en febrero de 2018 por su vicepresidente, Cyril Ramaphosa, que ha asegurado que la lucha contra la corrupción en el país es una prioridad para tratar de atraer inversión extranjera y activar la economía del país.
La caída de Zuma tuvo lugar en medio de la indignación popular por el peso de la familia Gupta, de origen indio, en la economía y la política del país africano, acusaciones que fueron recogidas en un informe de la ex Defensora Pública sudafricana --figura equivalente al Defensor del Pueblo-- Thuli Madonsela titulado 'La captura del Estado'.
