El Gobierno de EEUU recurre la decisión judicial que suspende el uso de la píldora abortiva

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado un recurso ante un tribunal de apelaciones para revertir la decisión de un juez de Texas que suspendió el uso de la píldora abortiva por considerar que la aprobación de su utilización en el año 2000 fue errónea.

Este fallo judicial podría provocar que la píldora, cuyo componente principal es la mifepristona, no esté disponible para su uso en todo el país a partir de este viernes, según informaciones de la cadena de televisión CNN.

Ahora, la solicitud del Gobierno estadounidense, a la que se ha sumado el fabricante, busca revertir la decisión del juez de distrito Matthew Kaczmaryk en una nueva batalla legal que, según organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, merma los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres y se enmarca en la derogación aprobada en 2022 del fallo de 'Roe versus Wade', que reconocía el derecho al aborto.

Tanto el Gobierno como la empresa en cuestión, Danco, han defendido la aprobación del uso de la píldora siguiendo la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

Kacsmaryk, sin embargo, puntualizó el viernes pasado que la medida entraría en vigor en un plazo de una semana, para dar al Departamento de Justicia el tiempo suficiente para presentar una apelación si lo creía conveniente.

No obstante, las autoridades han pedido al tribunal permitir al Gobierno la posibilidad de recurrir al Supremo en caso de que sea necesario. En caso de que el recurso sea rechazado, el fallo supondría, según fuentes del Departamento de Justicia, "echar por tierra el juicio científico de la FDA y dañaría gravemente a las mujeres , especialmente aquellas para las que la píldora se ha vuelto una necesidad médica o práctica"

"Este daño podría extenderse a lo largo y ancho del país dado que su uso es legal en todos los estados", insiste el Departamento, que ha afirmado que "la orden podría socavar el sistema sanitario y vulnerar los intereses de los negocios y los suministradores de servicios médicos". Además, estipula que los demandantes no han presentado pruebas suficientes.