MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -
La ONG Human Right Watch (HRW) ha denunciado este jueves que la tortura, tanto por parte de la Autoridad Palestina (AP) en Cisjordania, como por las autoridades de Hamás en Gaza, puede equivaler a "crímenes contra la humanidad", dado su carácter sistemático durante "muchos años".
"Más de un año después de matar a golpes a Nizar Banat, la Autoridad Palestina sigue deteniendo y torturando a críticos y opositores", ha subrayado el director para Israel y Palestina de HRW, Omar Sakir.
Asimismo, ha hecho hincapié en que "los abusos sistemáticos por parte de la AP y Hamás constituyen una parte fundamental de la represión del pueblo palestino".
HRW ha recalcado en un informe paralelo presentado conjuntamente al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas con el grupo de derechos palestinos Abogados por la Justicia, que las autoridades palestinas maltratan y torturan sistemáticamente a los palestinos detenidos, incluidos los críticos y opositores.
En este sentido, la organización ha solicitado a otros países a cortar la ayuda a las "abusivas fuerzas de seguridad palestinas", incluida la Policía de la AP que ha desempeñado un papel fundamental en la reciente represión.
Asimismo, ha instado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a investigar y procesar a las personas implicadas de forma creíble en estos graves abusos.
La AP y Hamás han dicho que los abusos no son más que "casos aislados" que se investigan y por los que los infractores rinden cuentas, pero años de investigación de Human Rights Watch, incluido su informe de 147 páginas de 2018, 'Dos autoridades, una vía, cero disidencia', contradicen estas afirmaciones.
En 2021, la CIDH recibió 252 denuncias de tortura y malos tratos y 279 de detenciones arbitrarias contra las autoridades de la AP en Cisjordania y 193 denuncias de tortura y malos tratos y 97 de detenciones arbitrarias contra las autoridades de Hamás en Gaza.
CIDH afirma que las autoridades de Hamás también han ejecutado a 28 personas en Gaza desde que tomaron el control político en junio de 2007, en un contexto en el que son frecuentes las violaciones de las garantías procesales, la coacción y la tortura, y han ejecutado sumariamente a decenas de otras personas sin ningún proceso judicial, a menudo bajo acusaciones de colaboración con Israel.
Por ello, HRW pide que las autoridades palestinas respeten los tratados internacionales de Derechos Humanos a los que se han adherido y poner fin a los graves abusos y a la impunidad endémica haciendo que los responsables rindan cuentas.
Cinco años después de que Palestina se adhiriera al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, que exige el establecimiento de un "mecanismo nacional de prevención" para supervisar de forma independiente los centros de detención, incluso con visitas sorpresa, el presidente Abás emitió en mayo un decreto por el que se creaba la Comisión Nacional contra la Tortura.
Sin embargo, HRW alerta de que el decreto establece que el presidente de la AP nombrará a los miembros de la comisión, que serán empleados del Gobierno, y que la comisión funcionará como un organismo gubernamental. Esto privará a la comisión de gran parte de su independencia real, como han señalado el ICHR y una declaración conjunta de 26 grupos de la sociedad civil palestina. El organismo solicita que el presidente Abás debe anular el decreto y presentar una nueva normativa que cree un organismo totalmente independiente.
Como parte de sus obligaciones en virtud de la Convención contra la Tortura de "impedir los actos de tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción", el Estado de Palestina debe poner fin a toda coordinación de seguridad con el Ejército israelí que contribuya a facilitar la tortura y otros abusos graves, y dejar de entregar a los palestinos, mientras siga existiendo un riesgo real de tortura y otros malos tratos prohibidos, ha señalado Human Rights Watch.
"Muchos gobiernos dicen que quieren apoyar el Estado de Derecho en Palestina y, sin embargo, año tras año siguen financiando fuerzas policiales que lo socavan activamente", ha indicado Sakir.
"Las supuestas preocupaciones sobre la fragilidad de las instituciones palestinas y otras excusas no deberían seguir obstaculizando el camino. Los gobiernos donantes deben cortar los vínculos con las abusivas fuerzas policiales y de seguridad palestinas y centrar sus políticas sobre Palestina e Israel en los Derechos Humanos", ha sentenciado Sakir.
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