MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades de Costa de Marfil deberían llevar a cabo una investigación urgente de los más de 50 muertos que hubo en la violencia que acompañó a las elecciones presidenciales del pasado 31 de octubre en las que Alassane Ouattara logró su tercer mandato con fin de garantizar que los responsables de las mismas son llevados ante la justicia, ha reclamado Human Rights Watch (HRW).
Las elecciones, boicoteadas por los principales partidos de la oposición, desencadenaron enfrentamientos entre partidarios de la oposición y del Gobierno tanto en Abiyán como en al menos otras ocho ciudades, durante los que se emplearon machetes, palos y fusiles de caza, según la ONG, que también ha denunciado que las fuerzas de seguridad no protegieron de forma adecuada a la población.
"Los asesinatos del último mes han empujado a Costa de Marfil hacia una espiral mortal de violencia, una década después del conflicto postelectoral de 2010-11 que dejó más de 3.000 muertos", ha subrayado Jim Wormington, investigador para África de HRW. "Respetar el derecho a la libertad de expresión y asamblea, incluido de líderes opositores y sus partidarios, será el ingrediente clave para una solución pacífica de la crisis actual", ha defendido.
El Consejo de Derechos Humanos del país informó el 10 de noviembre de que 55 personas habían muerto y otras 282 habían resultado heridas entre el 31 de octubre y esa fecha, si bien el Gobierno marfileño solo reconoció al día siguiente 20 fallecidos durante la jornada electoral y otros 31 a posteriori. HRW ha podido documentar trece muertes, entre ellas la de dos personas que murieron a manos de las fuerzas de seguridad.
La ONG ha recabado testimonios de ataques por parte de partidarios del Gobierno contra seguidores de la oposición y viceversa. Además, testigos de ambos bandos han denunciado que las fuerzas de seguridad no hicieron lo suficiente para evitar la violencia y proteger a los civiles.
EL GOBIERNO DEFIENDE SU ACTUACIÓN
En una respuesta por carta a los hallazgos de HRW, la secretaria de Estado de Derechos Humanos del país, Aimée Zebeyoux, ha defendido que los esfuerzos del Gobierno "permitieron que la votación transcurriera de forma tranquila y contuvieron la mayoría de los altercados".
Según la responsable, ninguna persona murió o resultó herida por disparos realizados por las fuerzas de seguridad. Además, ha asegurado que hay investigaciones en curso para "identificar y detener a cualquiera" que cometiera esos crímenes, tanto partidarios del Gobierno como de la oposición.
Tras los comicios, cuyo resultado no ha reconocido la oposición, las autoridades han detenido a varios opositores por la creación de un Consejo Nacional de Transición para llevar al país a nuevas elecciones. Entre ellos figuran Pascal Affi N'Guessan, un antiguo primer ministro y líder del Frente Popular Marfileño (FPI, el partido del expresidente Laurent Gbagbo), quien sigue detenido junto a otros dos opositores más, mientras que el resto han sido liberados bajo fianza.
"Ir contra los miembros de la oposición a través de un proceso legal fraudulento no aliviará las peligrosas tensiones políticas y étnicas que atraviesa Costa de Marfil", ha advertido Wormington.
"Las autoridades marfileñas deberían centrarse en investigar y procesar a los responsables de las muertes en las últimas semanas, sin importar su afiliación política, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad que hicieron un uso excesivoa de la fuerza contra manifestantes", ha reclamado el investigador de HRW.
