MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Tayikistán debería dar marcha atrás en su decisión de ordenar la ilegalización del Partido del Renacimiento Islámico (IRPT, en sus siglas en inglés), detener la campaña de hostigamiento sobre la formación y sus miembros y permitir que opere libremente, según ha solicitado este lunes Human Rights Watch (HRW), el Comité Helsinki Noruego y la Asociación para los Derechos Humanos en Asia Central.
"Dado el continuo e inconfundible deterioro de la libertad de expresión en Tayikistán durante los últimos años, no nos sorprende esta deplorable decisión de censurar el partido más importante de la oposición", ha asegurado el secretario general del Comité, Bjorn Engesland.
"Esta decisión no solo viola el núcleo de las obligaciones de los Derechos Humanos en Tayikistán; sino que tiene la capacidad de enterrar a la oposición política, creando un serio riesgo de inestabilidad en el país", ha advertido Engesland.
El 8 de julio, la Fiscalía le quitó al IRPT su estatus de partido político nacional, argumentado que no cumplía el artículo 3 de la Ley sobre Partidos Políticos, el cual especifica que las formaciones políticas necesitan contar con el apoyo de al menos 1.000 partidarios de "la mayoría de ciudades y distritos de la República de Tayikistán" para registrarse.
La Fiscalía explicó que el IRPT no lo cumplía al haber cerrado sus oficinas en numerosas ciudades y regiones. No obstante, el partido critica que cualquier cierre o salida de sus miembros que se haya producido se debe a la presión y a la persecución del Ejecutivo.
El 10 de julio, el Ministerio de Justicia recordó que el IRPT solo podía ser cerrado por el propio partido o por una orden jurídica. A pesar de ello, el 28 de agosto de 2015, lo ilegalizó y le dio diez días para suspender su actividad.
"Está claro que el IRPT cumple con los requisitos para seguir teniendo su estatus de partido político. El presidente, (Emomalii) Rahmon, debería garantizar que el partido y sus miembros pueden operar de forma normal, en lugar de llevar a cabo una constante campaña de acoso y obstrucción", ha denunciado la presidenta de la Asociación de Derechos Humanos en Asia Central, Nadejda Atayeva.
La formación, la segunda más grande del país con unos 40.000 partidarios, ha sido el único partido político que ha sido registrado legalmente en Asia Central. La orden se produce en medio del agravamiento de una ofensiva gubernamental contra la disidencia y después de una larga y hostil campaña contra el partido.
"La existencia del IRPT se remonta a 1997 fruto del acuerdo de paz que puso fin a la sangrienta guerra civil en el país. La ilegalización del partido es peligrosa para los Derechos Humanos, la participación democrática y la estabilidad del país", ha alertado el director de Human Rigths Watch para Europa y Asia Central, Hugh Williamson.
Tayikistán fue azotado por una devastadora guerra civil desde 1992 a 1997. El país tiene la obligación de garantizar los derechos de libertad de expresión, asociación y asamblea, como miembro del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, han recordado las organizaciones.
